La Policía Nacional desmantela un “hotel ilegal” en Huesca y detiene a su propietario
La Policía Nacional de Huesca ha descubierto unas instalaciones clandestinas en una finca rural cercana a la ciudad, donde se llevaban a cabo actividades económicas ilícitas relacionadas con la hostelería. Durante el operativo, realizado el pasado 13 de diciembre, se ha detenido a un vecino de Huesca de 80 años con antecedentes policiales, quien se enfrenta ahora a sanciones económicas que ascienden a 200.000 euros.
En colaboración con funcionarios de la Inspección de Trabajo y la Unidad de Policía Adscrita al Gobierno de Aragón en Huesca, la investigación se ha centrado en presuntas violaciones al derecho de los trabajadores. Durante la inspección conjunta, se confirmó que el dueño de la finca había transformado el lugar en un establecimiento “hostelero”, con habitaciones numeradas y pequeños apartamentos, sin contar con los permisos y licencias necesarios. Además, no se llevaba un registro adecuado de los clientes ni se proporcionaba la información solicitada por las autoridades.
En estas instalaciones, se alojaba a un considerable número de personas, principalmente ciudadanos extranjeros en situación irregular. La inspección reveló también que el propietario empleaba a una ciudadana extranjera en situación irregular en España, sometiéndola a condiciones laborales abusivas y aprovechándose de su vulnerabilidad.
Como resultado de estos hallazgos, la Policía Nacional detuvo al responsable de la finca, un hombre de 80 años con antecedentes previos por hechos similares, por presunto delito contra el derecho de los trabajadores.
La investigación también desveló que la finca realizaba actividades ilegales de alquiler de un salón de eventos sin autorización, así como el alquiler de una nave industrial para la reparación de vehículos de motor, incumpliendo normativas medioambientales y de reciclaje de residuos.
Ante las múltiples infracciones, se propuso aplicar sanciones administrativas al propietario de la finca en áreas como extranjería, relaciones laborales, turismo, medio ambiente, seguridad social, legislación urbanística municipal y control de huéspedes. El total de las sanciones propuestas alcanza los aproximadamente 200.000 euros. Esta operación destaca la importancia de combatir la explotación laboral y las actividades ilegales que perjudican a distintos sectores en la región.
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