Escándalo en la cárcel de Brieva: trabajadores investigados por cohecho
El Subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, ha confirmado en declaraciones a los medios que hay dos trabajadores de la cárcel de Brieva que han sido investigados por la Guardia Civil de la Comandancia de Ávila «por la presunta comisión de un delito de cohecho», dado que habrían proporcionado un trato de favor a una interna del centro a cambio de recibir favores sexuales por parte de la misma». Detallaba que «se trata de un funcionario y un personal laboral» de la prisión que ya han sido apartados de su trabajo y que «están en calidad de investigados». Una vez terminada la fase de investigación y la toma de declaración a implicados y testigos, la Guardia Civil, decía, «ya ha entregado las diligencias al juzgado que es el que tiene que marcar ahora las actuaciones a realizar».
Estas declaraciones las hacía el subdelegado del Gobierno después de que esta mañana saltara la noticia en diversos medios de comunicación y que han recogido diferentes agencias. Desde Europa Press de hecho se detalla que efectivamente «el juzgado número 4 de Ávila investiga si trabajadores de la cárcel de Brieva, en la provincia de Ávila, tuvieron sexo con Ana Julia Quezada, -a quien le consta una condena de prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en 2019-, a cambio de tener acceso a un teléfono móvil».
Además se remite la agencia de comunicación al diario ‘El País’, que adelantó una información en la que desvela que «el juzgado investiga desde hace casi un año» ese posible delito de cohecho. La información del rotativo recoge que «la declaración de un educador del centro penitenciario coincide con las de otras tres reclusas y la de una cuarta mujer, actual pareja de Quezada».
Los informes que se habrían hecho desde la prisión defienden que la condenada por el asesinato de Gabriel Cruz habría mantenido sexo «con trabajadores de la prisión y con el cocinero, relaciones que podría haber grabado ella con el teléfono móvil que le facilitaron para intentar «chantajear» a la dirección del centro penitenciario y conseguir así su traslado a Barcelona».
Además, en uno de los informes de la directora del la prisión, Laura Pérez, reconoce que tuvo «conocimiento de datos de especial relevancia sobre la interna» a través de un educador. Datos como que «La interna manifiesta tener un móvil con una serie de grabaciones, entre ellas, imágenes de vídeo en las que aparece el funcionario en su celda», recoge el informe de la directora.
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