El sacerdote acusado de agredir sexualmente a 4 mujeres será juzgado mañana lunes en Málaga
La Fiscalía ha solicitado una pena total de 72 años de prisión para el sacerdote malagueño de 35 años acusado de sedar y agredir sexualmente a cuatro mujeres entre los años 2014 y 2018. El juicio comenzará este lunes 25 de mayo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga.
Las sesiones de la vista oral están programadas para el 25, 27, 28 y 29 de mayo a las 10:00 horas, según la providencia a la que ha tenido acceso EFE.
El cura, Francisco J.C., natural de Vélez-Málaga, se encuentra en prisión provisional después de ser detenido el 11 de septiembre de 2023 por presuntamente sedar y abusar sexualmente de cuatro mujeres, hechos que grabó y que descubrió su pareja sentimental en un ordenador del domicilio que ambos compartían en Melilla.
Fuentes judiciales han indicado a EFE que la declaración del sacerdote será fijada durante el desarrollo de la vista oral, ya que los primeros días han sido reservados para las comparecencias de las denunciantes, testigos y peritos.
Mañana lunes está previsto que declaren nueve testigos propuestos por el fiscal además de los agentes de la Policía Nacional que ha solicitado el ministerio público.
El Ministerio Público sostiene que el sacerdote presuntamente ha cometido cuatro delitos de agresión sexual y contra la intimidad y solicita una pena total de 72 años de prisión.
Las acusaciones afirman que el acusado aprovechaba su condición de religioso y su relación con las víctimas para suministrarles sustancias que las sumían en un estado de somnolencia y vulnerabilidad.
En el relato acusatorio se indica que estas agresiones eran grabadas y fotografiadas sin el consentimiento de las víctimas «evidenciando una clara vulnerabilidad de su intimidad y derechos».
El obispo de Málaga ha asegurado que la Iglesia reparará económicamente el daño causado a las cuatro mujeres si se condena al acusado por dichos delitos. Satué considera que la diócesis no tiene responsabilidad civil subsidiaria, pero ha anunciado que, en caso de salir culpable el acusado, está dispuesta a contribuir económicamente a indemnizar a las víctimas.
El obispo ha pedido perdón en nombre de la Iglesia y ha lamentado el daño y el sufrimiento «muy profundo» que ha provocado esta situación a las mujeres y familias afectadas, así como a las parroquias y feligreses.
Tal y como ha venido informando El Faro de Melilla en publicaciones anteriores, el sacerdote continúa en prisión preventiva desde su detención. La gravedad de los delitos que se le imputan y la evolución del procedimiento han convertido este caso en uno de los más seguidos de los últimos meses dentro del ámbito judicial malagueño.
La detención del religioso causó igualmente una fuerte conmoción en Yunquera, localidad en la que desarrollaba su labor cuando se conocieron las denuncias. El impacto social de la investigación fue notable entre los vecinos, sorprendidos por la gravedad de unos hechos que ahora deberán ser analizados en sede judicial.
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