Las autoridades de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación que ha culminado con la detención de 73 individuos residentes en Melilla, quienes son sospechosos de haber ejecutado un fraude significativo a la Seguridad Social. Este ilícito se habría llevado a cabo mediante la declaración de bajas laborales fraudulentas mientras pretendían trabajar como autónomos o empleados por cuenta ajena.
La magnitud del fraude se ha estimado en más de 3.500.000 euros, lo que ha llevado a la Policía a profundizar en una investigación que ha revelado un sistema organizado con un claro modus operandi. Los implicados se registraban en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, eligiendo actividades laborales de baja cualificación, como la albañilería o la peluquería, pero con una base de cotización exorbitante, llegando hasta 4.000 euros, muy por encima de los estándares normales para tales empleos.
El plan delictivo se activaba poco después de su alta en el sistema; alegaban haber sufrido un accidente que les imposibilitaba trabajar, lo que les permitía solicitar una baja laboral inmediatamente. Como resultado, comenzaban a recibir prestaciones mensuales basadas en la elevada base de cotización que habían establecido. Los accidentes a menudo eran falsos, siendo común la declaración de un accidente de tráfico en el que otros cómplices de la trama actuaban como testigos o incluso como víctimas.
Además, muchos de los detenidos estaban simultáneamente registrados en el Régimen General de la Seguridad Social como empleados de otras empresas. Esto les permitía acumular prestaciones mensuales adicionales al recibir compensaciones por su baja como autónomos. Durante la investigación, se identificó que las contrataciones de estos trabajadores se realizaban por un grupo reducido de empresarios, quienes también se encuentran bajo la lupa de las autoridades.
Un año después de haber declarado la baja, los implicados eran evaluados por un tribunal médico para determinar si debían regresar a su trabajo o si se les concedía una invalidez permanente, lo que representaría conseguir una pensión vitalicia, objetivo que muchos buscaban. Las investigaciones revelaron que todos los encartados provenían de un mismo distrito y mantenían lazos familiares, lo que facilitó la aparición de patrones en su comportamiento.
Los detenidos acudían al mismo Centro de Salud para sus revisiones médicas, donde un médico en particular trataba a muchos de ellos, lo que ha llevado a que esta persona también sea investigada. Curiosamente, varios de los involucrados presentaban lesiones en la misma área del cuerpo y, durante las revisiones, algunos aportaban las mismas resonancias magnéticas en múltiples ocasiones.
Adicionalmente, se descubrió que un único gestor administrativo se encargaba de manejar gran parte de la burocracia relacionada con el fraude, un individuo que ya había sido detenido en el pasado por delitos similares. Este gestor, que no está colegiado en ningún gremio, utilizó su conocimiento para facilitar el fraude. A través de los testimonios de los detenidos, se ha podido identificarlo como el principal orquestador de esta compleja trama.
En la operación llevada a cabo en Melilla, se detuvieron a 73 personas y se tomó declaración a un investigado que no fue arrestado. Además, se realizó un registro en la oficina del principal sospechoso, donde se confiscó una gran cantidad de documentación, tanto física como electrónica, que será analizada en detalle en el futuro.
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