La Audiencia Nacional ha emitido un fallo que condena a 15 individuos por su participación en una serie de estafas que afectaron a diversas empresas del ámbito alimentario y de la hostelería. Estos delincuentes se dedicaban a adquirir productos sin cumplir con los pagos, utilizando para ello sociedades ficticias que eran eliminadas tras llevar a cabo las estafas, dificultando así su detección.
Entre las víctimas se encuentran varias empresas de toda España, destacando dos de las comarcas de Tarragona: la Cooperativa Baix Ebre, que sufrió una pérdida de 2.448 euros, y Gomà Camps SA, que vio comprometida su economía en 11.864 euros.
Entre enero de 2011 y mayo de 2013, un grupo organizado operó de manera estratégica y continuada, comprando productos alimenticios a través de empresas creadas ex profeso para tal fin.
Estas entidades eran manejadas por miembros del grupo, quienes, en un intento de aparentar solidez financiera, contactaban a proveedores para realizar pedidos que jamás se saldaban. Una vez que los productos eran entregados, los estafadores los revendían, obteniendo ganancias inmediatas antes de que las empresas ficticias cesaran sus operaciones.
Una estrategia basada en seguros de impago
Las empresas seleccionadas contaban con un seguro de impago que garantizaba el pago a los proveedores, un hecho que los acusados aprovecharon. Conocedores de esta práctica común en el sector, se aseguraron de no exceder los límites establecidos por los seguros, evitando así las reclamaciones por impagos, dado que los proveedores, al final, recibían su reembolso.
Dos de los condenados eran los líderes de estas entidades fraudulentas, utilizando a testaferros para mantener la fachada legal y así facilitar la constitución de empresas que llevaban a cabo estas operaciones. Trece personas más estaban bajo su supervisión, ocupándose de la gestión de las sociedades y del transporte y almacenamiento de los productos adquiridos.
Las sentencias impuestas
La sentencia de la Audiencia Nacional ha determinado que los dos líderes del grupo enfrenten medio año de prisión por integración en grupo criminal, además de cinco meses y 29 días de cárcel y una multa de 445 euros por estafa agravada. Ocho de sus cómplices recibirán penas de tres meses y 22 días de prisión por el primer delito, junto con las mismas sanciones económicas que los cabecillas por el segundo delito.
Otros tres acusados han sido condenados a tres meses y 22 días por el primer cargo y dos meses y 29 días por el segundo, con la posibilidad de sustituir esta última pena por una multa de 534 euros. Un condenado más recibió tres meses y 22 días de prisión por el primer delito y seis meses por el segundo, mientras que el último de ellos se enfrenta a la misma pena por el primer cargo y dos meses y 29 días por el segundo, también intercambiables por una multa de 534 euros.
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