Investigados por construcciones ilegales en Carbonero
La Guardia Civil, a través del equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Segovia, ha investigado a dos personas como presuntas autoras de un delito contra la ordenación del territorio, en el marco de la operación Hauser, centrada en la detección de irregularidades urbanísticas en la provincia.
Las actuaciones se iniciaron tras la denuncia formulada por el equipo de Seprona y a raíz de un informe técnico emitido por el Ayuntamiento de Carbonero el Mayor, en el que se detallan varias construcciones en suelo rústico común que incumplían la normativa urbanística vigente, según ha informado la Guardia Civil a través de una nota de prensa.
En concreto, el Seprona y el Consistorio identificaron tres edificaciones que no pueden ser legalizadas: una nave agrícola construida a tan solo 35,5 metros de la vía pública, incumpliendo la distancia mínima de retranqueo de 100 metros exigida por el planeamiento urbanístico (además la edificación no se correspondía con el proyecto que motivó la licencia de obras), un cobertizo carente de autorización y no autorizable por colindar directamente con otra propiedad; y una caseta de aperos cuyo interior reveló un uso recreativo o de ocio incompatible con las normas urbanísticas municipales, que prohíben expresamente este tipo de usos en suelo rústico.
Además, las autoridades detectaron otras tres edificaciones pendientes de regularización por infracciones administrativas urbanísticas. Como resultado de las investigaciones han sido identificados como presuntos responsables dos hombres, de 58 años, y 56 años, en calidad de administradores solidarios de la empresa de construcción.
«Estas actuaciones se enmarcan en la misión específica del Seprona de velar por el cumplimiento de la legislación en materia de ordenación del territorio y protección del medio ambiente. La Guardia Civil recuerda que las construcciones en suelo rústico deben ajustarse estrictamente a la normativa vigente y que los usos recreativos o residenciales están especialmente restringidos, salvo en casos vinculados a explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales debidamente acreditadas. El Código Penal contempla penas de hasta cuatro años de prisión, multas de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio de uno a cuatro años, además de la posible demolición de las obras ilegales a cargo de sus autores», recuerda la Guardia Civil.
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