Hombre que confesó doble crimen en Mallorca alega estar ebrio y drogado: su defensa plantea atenuantes

Hombre que confesó doble crimen en Mallorca alega estar ebrio y drogado: su defensa plantea atenuantes

Un hombre en Sa Pobla alega estar ebrio y drogado al momento de asesinar a su mujer e hijo

Un hombre ha confesado haber matado a su esposa de 28 años y a su hijo de siete en Sa Pobla (Mallorca) en 2021. Sin embargo, su defensa argumenta que estaba bajo los efectos de sustancias ebrias y drogadas en el momento del crimen y que no sabía que su pareja estaba embarazada.

La defensa plantea dos atenuantes relevantes de drogadicción y confesión, y busca una condena de 13 años de prisión, que sería parcialmente sustituida por la expulsión del territorio nacional durante diez años debido a la situación irregular del acusado, quien es natural de Marruecos.

El abogado de la defensa argumenta que el acusado ha sido consumidor de alcohol y drogas desde 2007, especialmente cocaína y heroína, y ha sido hospitalizado en varias ocasiones en Psiquiatría por intentos de suicidio. Además, asegura que el día del crimen, el acusado consumió grandes cantidades de drogas y alcohol, lo que afectó negativamente su capacidad mental.

La defensa reconoce la culpabilidad del acusado sin proporcionar más detalles sobre el doble asesinato, simplemente afirma que «mató» a su esposa e hijo y califica los hechos como dos delitos de homicidio y no de asesinato.

El abogado también destaca que el acusado confesó los hechos de manera inmediata y fue quien alertó a las autoridades y colaboró en la investigación.

Un crimen impactante con pedidos de penas severas

Todas las partes acusadoras, la Fiscalía, el Govern balear y la abogada de la familia, solicitan la pena de prisión permanente revisable para el acusado. La Fiscalía propone esta condena máxima por el asesinato del menor; por la muerte de la mujer, solicita 25 años de prisión; y en concurrencia de delitos, añade el del aborto.

Por otro lado, la familia considera el aborto no consentido como un delito independiente y solicita tres años de prisión por este cargos. Además, agregan otros tres años por maltrato con agravantes de parentesco.

En el momento de los crímenes, la mujer estaba embarazada de aproximadamente cinco meses. La Fiscalía destaca en su escrito que el acusado era consciente de que sus acciones causarían la muerte de su esposa y también del hijo que estaba por nacer.

Junto a la pena de prisión, el fiscal solicita una indemnización de 174,677 euros para los padres de la mujer y casi 80,000 euros para los hermanos de la fallecida.

Un crimen agónico y episodios de maltrato previos

El doble asesinato ocurrió el 16 de mayo de 2021, alrededor de las 19:00 horas. Según la Fiscalía, el hombre golpeó a su esposa en la cabeza con un cincel y, al ver que seguía con vida, forcejeó con ella y la estranguló. El fiscal destaca que le causó una «muerte agónica» y lo hizo frente al hijo que tenían en común.

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El fiscal relata que, de manera sorpresiva y sin posibilidad de defensa, el hombre agarró al niño por el cuello y también lo estranguló.

Después de cometer los crímenes, el hombre abandonó la vivienda. Al día siguiente, envió un mensaje a su cuñado informando sobre la muerte de su hermana y dónde estaban los cuerpos. Luego, hacia las 20:00 horas, llamó a la Guardia Civil para confesar los homicidios.

La acusación particular agrega a estos asesinatos episodios previos de maltrato. La defensa no se pronuncia explícitamente sobre ellos, pero niega rotundamente las versiones de las acusaciones.

Según la abogada, durante la convivencia de la pareja en el hogar familiar, el acusado habría agredido física y verbalmente a la mujer y al hijo en varias ocasiones.

Existían antecedentes de violencia de género, ya que la mujer había denunciado al menos dos veces a su compañero. La entonces delegada del Gobierno en las Islas, Aina Calvo, negó que hubiera fallas en el seguimiento de la víctima, quien había vuelto a convivir con su agresor a pesar de las denuncias por maltrato en 2012 y 2018. Según explicaron desde Delegación, la denunciante abandonó el programa voluntariamente argumentando que no había síntomas o riesgo de amenazas.

El caso será juzgado por un Tribunal del Jurado en la Audiencia Provincial.

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