La Fiscalía pide 22 años de cárcel para exfuncionario de Vitoria por enviar cartas explosivas
La Fiscalía ha solicitado una pena de 22 años de prisión para Pompeyo González, un exfuncionario del Ayuntamiento de Vitoria, de 74 años, que fue detenido en Burgos por enviar seis cartas con explosivos en 2022. Estas cartas fueron enviadas al presidente del Gobierno, a la ministra de Defensa, a la empresa Instalaza en Zaragoza, a las embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid, y al centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).
La acusación de la Fiscalía incluye un delito de terrorismo, por el cual se solicitan 10 años de prisión, y otro delito de fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos, por el cual se solicitan 12 años de prisión. Además de la pena de cárcel, se pide una medida de seis años de libertad vigilada una vez cumplida la pena. También se reclama que el acusado pague una indemnización de 1.500 euros al trabajador de la embajada de Ucrania que resultó herido al manipular una de las cartas enviadas por el acusado.
Según la acusación de la Fiscalía, González elaboró los artefactos explosivos con el objetivo de generar conmoción en la sociedad española debido al apoyo de España a Ucrania. Los explosivos tenían la capacidad de causar lesiones graves debido a la cantidad de explosivo utilizado, así como a la metralla y fragmentos de metal presentes en los artefactos.
El acusado estuvo en prisión preventiva durante casi tres meses, pero fue puesto en libertad con la condición de comparecer semanalmente en el juzgado, no salir del país, entregar su pasaporte y proporcionar una dirección de residencia.
En cuanto a los envíos de las cartas explosivas, estos fueron detectados y manipulados de manera segura por las autoridades correspondientes. Durante la investigación, se encontraron elementos utilizados en la fabricación de los artefactos explosivos en el domicilio del acusado. Además, se descubrió que el acusado realizó búsquedas en internet relacionadas con la fabricación de explosivos y con información sobre los destinatarios de las cartas.
En resumen, la Fiscalía ha solicitado una condena de 22 años de prisión para el exfuncionario de Vitoria por enviar cartas explosivas con el objetivo de generar conmoción en la sociedad española. El acusado se enfrenta a cargos de terrorismo y fabricación de aparatos explosivos, además de una indemnización por las lesiones causadas a un trabajador de la embajada de Ucrania. Durante la investigación se encontraron pruebas que vinculan al acusado con la elaboración de los artefactos explosivos y se descubrieron búsquedas en internet relacionadas con el tema.
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