El PSOE de Frigiliana solicita calma ante la investigación por irregularidades en la gestión municipal
El PSOE de Frigiliana ha instado a la ciudadanía a mantener la tranquilidad, la confianza y la serenidad mientras se desarrolla la investigación judicial sobre posibles irregularidades en la contratación y administración económica del Ayuntamiento. Este mensaje fue compartido el pasado lunes 3 de agosto a través de las redes sociales de la agrupación local, más de un mes después de que la Guardia Civil realizara un registro exhaustivo en las instalaciones municipales, que se extendió durante 13 horas.
El comunicado del PSOE comienza afirmando que, en relación a las noticias recientes, desean enviar un mensaje de tranquilidad a todos los vecinos. La formación socialista ha optado por no entrar en detalles sobre los hechos que están siendo objeto de investigación por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox.
Desde 2019, este partido ha gobernado con mayoría absoluta, liderado por Alejandro Herrero en la Alcaldía desde 2017. En su declaración, reiteran su compromiso de actuar con responsabilidad, transparencia y colaboración plena con las autoridades judiciales, al tiempo que expresan su respeto hacia las instituciones y los procedimientos establecidos mientras la investigación judicial sigue su curso.
En el comunicado, el PSOE subraya la importancia de garantizar la estabilidad del Ayuntamiento y de asegurar que los servicios municipales continúen funcionando con normalidad. “Lo más crucial en este momento es mantener la estabilidad del Ayuntamiento y seguir trabajando con eficiencia para cubrir las necesidades de Frigiliana y sus habitantes”, afirman.
Esta reacción del partido se produce una semana después de que el alcalde y cinco de los concejales socialistas decidieran no declarar ante el juzgado de Torrox. Según informó SUR el 27 de julio, los defensores argumentaron que habían recibido un sumario de casi mil folios junto con abundante documentación digital poco antes de la fecha de la citación.
Entre los concejales citados se encontraban María del Carmen Cerezo, Antonio Manuel López, Francisco Iranzo, Andrés Ortega y Eduardo Jesús García Sánchez. Sus abogados solicitaron tiempo para analizar la documentación, que incluía grabaciones de audio y vídeo que, según ellos, eran ininteligibles o no podían ser reproducidas adecuadamente.
El único que se presentó a declarar fue un funcionario municipal, aunque no se han hecho públicos los detalles de su declaración. La decisión de no declarar por parte del alcalde y los concejales no implica reconocimiento de los hechos investigados. Se espera que estos seis cargos sean llamados nuevamente cuando sus defensas hayan podido revisar el material incorporado a la causa.
La investigación salió a la luz el 30 de junio, cuando la Policía Judicial de la Guardia Civil llevó a cabo un registro en el Ayuntamiento de Frigiliana, una localidad con apenas 3,300 habitantes. El operativo también incluyó la búsqueda en un establecimiento hostelero y en varias viviendas particulares vinculadas a la investigación. Durante esta operación, se intervinieron temporalmente los teléfonos móviles del alcalde y los cinco concejales bajo investigación.
Las diligencias se centran en la revisión de contratos, facturas y expedientes administrativos relacionados con cerca de veinte empresas. La causa investiga de manera provisional posibles delitos como la prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad documental, coacciones, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.
La investigación se originó a partir de las denuncias de dos funcionarios municipales, un policía local y un secretario-interventor, quienes señalaron supuestos fraccionamientos de contratos, levantamientos de reparos y adjudicaciones verbales. En este contexto, el PSOE local manifiesta comprender la preocupación generada y reafirma su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, honestidad y dedicación. El comunicado no aborda de manera individual las presuntas irregularidades ni anticipa medidas políticas, mientras que el PP y Vox han exigido dimisiones y responsabilidades al gobierno municipal.
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