Detenidos los responsables de una promotora acusados de estafa en la venta de viviendas fantasma en Granada, Almería o Murcia
La Guardia Civil ha realizado la detención de tres responsables de una promotora inmobiliaria con sede en Roquetas de Mar, acusados de estafar a compradores al vender viviendas de nueva construcción que nunca se llegaron a edificar y que se situaban en parcelas que no eran de su propiedad. Los arrestados, localizados en Málaga, habrían obtenido grandes sumas de dinero engañando a los compradores y falsificando documentos.
La operación policial se inició en enero de 2024 a raíz de las denuncias recibidas, en las que se constataba que la promotora habría cobrado cerca de 200.000 euros en concepto de reserva por la venta de inmuebles sobre plano en Roquetas de Mar, pero sin que las construcciones se llevaran a cabo. Se descubrió que la empresa no contaba con las cuentas bancarias especiales requeridas por la ley y que utilizaban cuentas corrientes destinadas a otros fines para recibir el dinero de las reservas y ventas.
La investigación también reveló que la empresa nunca había sido propietaria de los terrenos en los que ofrecían las promociones para la construcción de viviendas. Gracias a esta operación, llamada ‘Posidonia’, se logró la localización y detención de tres personas en Málaga, consideradas como presuntos responsables de falsedad documental y estafa. La causa está siendo instruida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 7 de Roquetas de Mar.
Este entramado afecta a alrededor de 1.200 familias, incluyendo unas 60 en la provincia de Granada, las cuales denunciaron haber sido víctimas de una estafa por parte de esta supuesta promoción fraudulenta de viviendas en Almuñécar, en la costa de Granada. Los responsables no habrían adquirido el terreno necesario ni solicitado la licencia de obras en el Ayuntamiento de Almuñécar, aunque sí colocaron un cartel en el lugar donde supuestamente se realizaría la urbanización.
Con una intensa campaña publicitaria, esta promotora habría cobrado a los afectados entre 10.000 y 25.000 euros, el diez por ciento del total que debían abonar por las viviendas, como primer pago de la operación. Aunque algunos compradores sospechaban y consultaron en el Área de Urbanismo del Ayuntamiento, no recibieron explicaciones por parte de la supuesta promotora. Finalmente, se comprobó que no había ningún proyecto y que los supuestos promotores no tenían la titularidad del terreno privado.
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