Impactante sentencia contra una red de trata de personas que explotaba a jóvenes nigerianas en Málaga
El vudú no era solo un rito; para un grupo de jóvenes nigerianas, se convirtió en la herramienta de control de una organización criminal que operaba en Málaga. Estas menores fueron forzadas a la prostitución en el polígono del Guadalhorce, y la Audiencia Provincial ha dictado una sentencia que condena a los miembros de la banda a 439 años de cárcel.
En el fallo, al que tuvo acceso SUR, la figura central del grupo, una ‘madame’, enfrentará 104 años tras ser hallada culpable de once delitos de trata de seres humanos y prostitución forzada, de los cuales cinco afectan a menores. Los otros diez implicados han recibido penas que oscilan entre los 87 años y 10 años de internamiento.
La red había estado activa en Málaga desde antes de 2016, tejiendo una compleja red que se extendía a otras ciudades españolas como Madrid y Barcelona, así como a Nigeria. Las víctimas eran atraídas con la promesa de un trabajo digno y bien remunerado en España, según la sentencia que señala sus orígenes en entornos de pobreza y necesidad.
Antes de emprender su viaje, las jóvenes eran sometidas a un ritual de vudú que les imponía una carga emocional y financiera, obligándolas a saldar deudas. Este ritual se transformaba en una auténtica maldición que las mantenía bajo control una vez en Málaga, donde se enfrentaban a la coacción de la organización.
Promesas vacías: jóvenes nigerianas captadas para un futuro incierto
La investigación se inició tras recibir denuncias anónimas sobre la presencia de menores en situaciones de prostitución en el Polígono Industrial Guadalhorce. La unidad de la Policía Nacional se encargó del caso y, mediante diferentes técnicas de vigilancia, lograron confirmar las denuncias.
En la cúspide de la red se encontraba una mujer nigeriana, que operaba una tienda en La Palmilla y tomaba todas las decisiones. Con la ayuda de su círculo cercano, reclutaba a las víctimas y organizaba su traslado a Málaga, asegurándose de mantener un control absoluto sobre ellas.
Explotación y control absoluto
La ‘madame’ no solo decidía cómo se alojarían las jóvenes, sino que también imponía su explotación sexual de manera rigurosa. Las chicas estaban condenadas a jornadas maratonianas de prostitución, con sus ganancias estrictamente supervisadas por la organización. Una de las menores fue presionada para generar mil euros en una sola semana.
La desobediencia traía consigo severas represalias, que incluían agresiones físicas y la prohibición de comunicarse con sus familias en Nigeria. La organización incluso llegó a amenazar a sus seres queridos, asegurándose así la obediencia de las víctimas.
Una de las adolescentes sufrió un trato particularmente cruel, siendo trasladada de Málaga a Madrid debido a su comportamiento. Allí, fue mantenida en condiciones inhumanas, encerrada cuando no estaba trabajando.
El miedo como herramienta de control
El miedo se convirtió en un compañero constante para las víctimas: además de las amenazas directas, la red atacó a familiares en Nigeria para mantener la presión. A pesar de haber sido rescatadas en un centro de menores tras sufrir una paliza, algunas jóvenes regresaron con sus explotadores, convencidas por el temor y la manipulación.
Los investigadores también encontraron que las víctimas mostraban reticencias a hablar, temiendo las represalias de sus captores. Sin embargo, gracias a la vigilancia y a las escuchas telefónicas, se logró desmantelar la organización que operaba bajo el mando de la ‘madame’ y sus cómplices.
La sentencia ha sido dura: la líder del grupo enfrentará 104 años de prisión, su esposo 60 años, y otros miembros de la red recibirán penas que van desde los 87 hasta los 10 años de cárcel, con uno de los acusados absuelto.
Importancia de la denuncia
La colaboración de la ciudadanía y las denuncias anónimas fueron cruciales para desmantelar esta red criminal y liberar a las víctimas. La Policía Nacional recuerda que, ante cualquier sospecha de trata o explotación sexual, se puede contactar a través de la línea 900 10 50 90 o el correo electrónico trata@policia.es, garantizando la confidencialidad de la denuncia.
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