El entramado del ‘caso Vera’: un presunto expolio financiero que asombra por su magnitud
El presunto «expolio» perpetrado por el renombrado grupo constructor Vera va más allá de simples tácticas de ocultación de propiedades o de desvío de fondos. La supuesta red se habría valido de una compleja ingeniería financiera para adquirir carteras de crédito millonarias a precios irrisorios, tomando el control de deudas impagas de clientes, empresas y administraciones. Según ha informado SUR, el sistema utilizado habría aprovechado el propio concurso de acreedores para apoderarse de los derechos de cobro de estas deudas, permitiendo a la constructora recibir solo cantidades simbólicas.
Por un lado, este tipo de maniobras habría obstruido el uso de esos fondos para satisfacer las deudas con acreedores y la Hacienda Pública. Por otro lado, habría permitido a las empresas involucradas cobrar la totalidad de las deudas millonarias y depositar el dinero en sus cuentas privadas.
Las fuentes consultadas revelan que las sociedades implicadas en la trama habrían adquirido un paquete de derechos de cobro valorado en 12 millones de euros por la irrisoria suma de 200.000 euros, lo que representa apenas el 1,6% de su valor real. En otra ocasión, se habrían hecho con una cartera valorada en 2,4 millones de euros, pagando únicamente 70.000 euros, equivalente al 2,9% de su valor nominal.
Para evitar la competencia de otros postores, la red presuntamente llevó a cabo ventas directas sin cumplir con los requisitos de publicidad formal que exige la normativa concursal. Al no hacer públicas estas transacciones, la organización logró sortear la competencia y asegurar la adquisición de los activos.
Además, la investigación ha descubierto que estas tácticas fraudulentas habrían contado con la supuesta complicidad de las administraciones concursales y un auxiliar delegado. Según las indagaciones, los profesionales encargados de supervisar el proceso habrían encubierto la descapitalización de la constructora y participado en la planificación de estas maniobras ilegales, alterando el valor real de los créditos en sus informes.
Este nuevo enfoque investigativo sobre las carteras de crédito se enmarca en la segunda fase de la operación, llevada a cabo por el Grupo II de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Comisaría Provincial de Málaga, junto a la Agencia Tributaria. En esta fase, se han detenido a diez personas, incluyendo cinco miembros de la familia fundadora y cinco testaferros, mientras que dos más, un administrador concursal y un auxiliar delegado, están bajo investigación.
Las pesquisas apuntan a que este grupo habría desviado un total de 60 millones de euros a través de una red familiar paralela, que operó de manera independiente a la desarticulada en 2023, elevando el monto total del desmantelamiento patrimonial del grupo Vera SA y Draba SL a 160 millones de euros.
Las diligencias del Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga revelan una paradoja financiera: mientras el déficit con los acreedores rondaba los 150 millones de euros, el patrimonio presuntamente malversado entre las dos fases de la operación (más de 100 millones en la primera y 60 millones en la segunda) indica que la constructora contaba con activos suficientes para saldar todas sus deudas y generar un superávit de aproximadamente 10 millones de euros.
Antes de acudir al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Málaga para solicitar el concurso, la trama ya había transferido propiedades por un valor de 28 millones de euros. Una vez iniciado el procedimiento, la descapitalización continuó con un desvío adicional de más de 30 millones a través de contratos simulados, la distracción de seis millones en flujos de efectivo, subastas manipuladas y el pago de 800.000 euros en deudas personales de la familia fundadora.
A los implicados se les atribuyen delitos de frustración de la ejecución, insolvencia punible y apropiación indebida. Tras dos registros realizados a finales de julio, el juzgado ha ordenado el embargo cautelar de 135 inmuebles del grupo, que incluyen solares, locales y terrenos, valorados en unos 300 millones de euros. También se han bloqueado un millón de euros en cuentas bancarias, así como joyas valoradas en más de 200.000 euros y 21.000 euros en efectivo.
El origen de esta causa se sitúa en septiembre de 2023, cuando una denuncia judicial puso al descubierto el vaciamiento del entramado empresarial, en concurso de acreedores desde 2017. Esta primera fase concluyó con la detención de siete personas, incluyendo al exdirector financiero y al propio administrador concursal, tras descubrirse un fraude inicial de 100 millones de euros mediante facturas falsas y ventas a precios ridículos, como plazas de garaje por 1.500 euros o 14 viviendas en Estepona por 70.000 euros. Ante la magnitud del quebranto económico, las empresas proveedoras y acreedoras afectadas han constituido una plataforma de perjudicados que se ha personado formalmente en la causa.
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