Una operación conjunta entre la Policía española y los Estados Unidos ha llevado a la detención de 15 individuos en diferentes provincias de España por su implicación en casos de pornografía infantil. Tres de los detenidos se encontraban en Alicante, siendo dos de ellos hermanos. Según las autoridades, a uno de los arrestados se le han confiscado más de 6.000 archivos ilegales.
La macroperación contra la pornografía infantil fue iniciada gracias a una alerta proporcionada por el Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (Ncmec). Estos organismos informaron a la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional sobre la explotación sexual de menores a través de Internet.
Tras recibir los datos proporcionados por las autoridades estadounidenses, los agentes españoles llevaron a cabo un minucioso análisis e investigación, utilizando técnicas de inteligencia para identificar los casos más graves y aquellos vinculados al mismo individuo. Como resultado de estas labores, se identificó a 15 sospechosos de pedofilia, todos ellos implicados en la posesión de imágenes almacenadas en la nube.
En la provincia de León se arrestó a un individuo que guardaba contenido ilegal tanto en su teléfono móvil como en la nube. Durante la operación, se descubrió una conversación con otro ciudadano español, con quien intercambiaba pornografía infantil después de conocerse en un chat de una televisión local.
La investigación sobre otro individuo relacionado con este caso condujo a su ubicación en Alicante, donde se supo que ya había sido detenido en 2018 por tráfico de pornografía infantil. Durante el registro de su vivienda, se encontraron dos teléfonos móviles que almacenaban más de seis mil archivos ilegales, motivo por el cual fue detenido nuevamente y puesto a disposición judicial.
En la misma provincia alicantina, se encontraba otro individuo que era titular de una cuenta de correo electrónico en la que se habían emitido nueve informes diferentes debido a la gran cantidad de imágenes de explotación sexual de menores que allí se encontraban. Durante el allanamiento de su propiedad, se comprobó no solo la existencia del delito al observar numerosas fotos y videos en su teléfono y ordenador, sino también el hecho de que su hermano consumía este tipo de material y participaba en chats relacionados. Ambos fueron arrestados y puestos a disposición judicial.
Otro investigado, residente en Las Palmas de Gran Canaria, fue encontrado en posesión de numerosas imágenes de contenido ilegal. Además de ser arrestado por tenencia de pornografía infantil, se presentaron denuncias formales en su contra por supuestos abusos contra su hijastra, según ha informado la Policía Nacional.
En Tenerife, se capturó a un ciudadano italiano que ya había sido denunciado en diez ocasiones por casos similares. Se encontró pornografía infantil en sus dispositivos, tanto en discos duros como en su teléfono móvil.
En Puertollano se localizó a un individuo que inicialmente se creía que residía en Madrid. Durante el allanamiento de su propiedad, se encontró una cantidad indeterminada de pornografía infantil no solo en su teléfono móvil, sino también en distintas plataformas de almacenamiento en la nube. Otro individuo, detenido en Pontevedra, tenía en su poder 44 videos y cinco fotografías, lo que descartaba cualquier posibilidad de que se tratara de una conducta accidental.
En Sevilla, el arrestado disponía de casi 800 fotos y 34 videos con claro contenido sexual infantil. Durante el registro, estos archivos fueron encontrados en su teléfono móvil, los cuales había descargado mediante su ordenador portátil.
En Valladolid se presentaron dos casos. El primero de ellos involucra a un joven español de 20 años que agredió a un agente al momento de su detención. Finalmente, se determinó que era el presunto autor de tenencia de pornografía infantil, a lo que se sumaron los delitos de atentado y resistencia a la autoridad. En Zaragoza, fue arrestado un individuo que tenía activa la descarga de material ilegal en el momento en que los agentes ingresaron a su domicilio.
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