Condenan a coordinador de comedor de colegio en Málaga por abuso a alumno discapacitado
Dos compañeras sorprendieron al coordinador del servicio de comedor saliendo de un baño del colegio con un alumno. El hombre, mientras se colocaba el pantalón y ajustaba la bata, afirmó que estaban jugando, pero el gesto que hizo tenía un carácter sexual.
Los testimonios de las monitoras, así como la declaración del alumno y de otros compañeros, fueron fundamentales para condenar al acusado por abuso continuado de un menor con trastorno del desarrollo, a lo largo de tres cursos. A pesar de tener 12 años, su edad mental se asemeja a la de un niño de seis.
La sentencia, dictada por la Sección Novena de la Audiencia, y que puede ser apelada, revela que el acusado trabajaba como coordinador en el comedor de un colegio público de Málaga, contratado por una empresa de catering seleccionada por la Consejería de Educación.
Los hechos ocurrieron entre los cursos académicos 2018 y 2019. Según la resolución judicial, el acusado ganó la confianza del niño, llevándolo a un baño no destinado a los estudiantes, donde abusó sexualmente de él. Estos abusos se cometían incluso utilizando la bata que llevaba para trabajar.
En el juicio, tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitaron una pena de 13 años de prisión para el acusado, mientras que la defensa pidió su absolución. La sentencia fue notificada recientemente, y cabe destacar que se admitió una “irregularidad procesal” en relación a la declaración del menor en la sala Gesell, pero no afectó al derecho de defensa del acusado.
El tribunal destacó la ausencia de contradicciones en el testimonio del menor debido a su trastorno, y consideró inverosímil que pudiese inventar un relato tan grave. Además, se tomaron en cuenta los testimonios de los compañeros del acusado, quienes presenciaron los abusos.
La sentencia condena al acusado a nueve años de prisión, seis años de libertad vigilada y cinco años de inhabilitación para trabajar con menores o discapacitados. También se le impuso una orden de alejamiento del menor, así como una indemnización de 30.000 euros para la víctima y la consideración del Gobierno andaluz como responsable civil subsidiario.
El tribunal resaltó la falta de apoyo a la víctima por parte del centro escolar y la administración, quienes tardaron en abordar el problema de forma adecuada, mientras que la empresa subcontratada actuó de manera inmediata al apartar al acusado y denunciar los hechos.
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