Temor a un frenazo en la causa de Paco ‘el Bueno’: los afectados convocan protestas en Vélez-Málaga
Este miércoles, la abogada Marta Fuentes, que representa a un grupo de víctimas, ha expresado su preocupación ante SUR sobre el riesgo de nuevas dilaciones en un caso que se caracteriza por su gran volumen y sensibilidad. Fuentes advierte que la falta de un relevo inmediato podría entorpecer el progreso de una investigación que ya ha requerido meses de esfuerzo y que afecta a centenares de personas en la región.
La respuesta de los afectados ha sido rápida y decidida. Un grupo mayoritario ha decidido organizar una concentración pacífica a las puertas de los juzgados de Vélez-Málaga, programada para el próximo lunes 4 de mayo. Su demanda es clara: obtener recursos y estabilidad en la gestión del proceso, y evitar que la causa sufra un nuevo parón.
«Los perjudicados tienen derecho a que el procedimiento avance sin obstáculos», señala Fuentes, quien enfatiza que esta movilización es impulsada por los mismos afectados. Entre las propuestas de solución se encuentran la creación de plazas estructurales, un refuerzo estable de personal y la extensión de programas de apoyo, aunque reconocen que no conocen la vía administrativa más ágil para asegurar la continuidad del proceso.
El temor a un posible frenazo en la causa se presenta en un contexto crítico. La investigación, que se lleva a cabo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga, mantiene bajo prisión provisional al principal investigado, Francisco Gutiérrez Ortega, debido al riesgo de fuga mientras se investiga el destino de los fondos.
16 millones de euros
Los indicios apuntan a una presunta estafa piramidal, donde cientos de personas habrían confiado sus ahorros, atraídas por promesas de elevados beneficios. Se estima que la cantidad de dinero supuestamente defraudado podría superar los 16 millones de euros, aunque los afectados elevan esta cifra a montos mucho más altos, llegando hasta 200 millones de euros. Las víctimas podrían ser más de 200 en toda España.
Uno de los aspectos más delicados es la localización de los fondos, que aún no han sido recuperados y que las víctimas temen que hayan sido transferidos a Suiza y Hungría. Esta situación ha llevado al juzgado a mantener la prisión preventiva, considerando que hay un peligro real y efectivo de fuga si el investigado obtuviera la libertad.
En este tenso contexto, los afectados temen que cualquier retraso administrativo pueda agravar la situación, prolongando una resolución que consideran apremiante. «Cualquiera que sea el procedimiento, no debería convertirse en un obstáculo para los justiciables», insiste la letrada malagueña a este medio.
La concentración programada para la próxima semana se presenta como un nuevo capítulo en un caso que ha conmovido a la Axarquía y que sigue generando una fuerte presión social, a la espera de que la investigación judicial progrese sin más contratiempos.
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