Trabajadores penitenciarios se concentran en repulsa por el asesinato de una cocinera en Tarragona y demandan mejores condiciones laborales y protección

Trabajadores penitenciarios se concentran en repulsa por el asesinato de una cocinera en Tarragona y demandan mejores condiciones laborales y protección

Concentración en la cárcel por el asesinato de Nuria López

Este viernes, los trabajadores penitenciarios de Valladolid se congregaron en las puertas del centro en rechazo al trágico asesinato de Nuria López, una cocinera del centro penitenciario Mas d´Enric de Tarragona. Esta demostración de solidaridad se ha repetido simultáneamente en todas las prisiones españolas.

Según un comunicado conjunto de los sindicatos CSIF, Acaip UGT, CCOO y CIG, Nuria López acudió a su puesto de trabajo el pasado miércoles, pero tristemente, no pudo regresar a casa debido a un fatal incidente provocado por un interno. Este acontecimiento ha sumido en la tristeza a toda la comunidad de empleados públicos penitenciarios en Cataluña y alrededor de toda España.

Los compañeros de Nuria se encuentran consternados, enfadados y desolados. El comunicado expone la preocupante pregunta que ronda en la mente de los trabajadores penitenciarios: «¿Cuál será el siguiente? ¿Ocurrirá en Valladolid?»

Los trabajadores denuncian la política penitenciaria actual, destacando la falta de consideración de uno de los principios fundamentales de la legislación penitenciaria: la adaptación del tratamiento a cada interno en particular, es decir, la individualización del tratamiento. Insisten en la inaplicabilidad de políticas generales a perfiles tan diversos.

El comunicado también destaca la importancia de adaptar el sistema a los cambios en la población reclusa en los últimos 20 años, tanto en términos de protocolos como de recursos humanos y materiales.

De acuerdo con los sindicatos, resulta inaceptable que, en 2024, los trabajadores penitenciarios aún no sean considerados agentes de autoridad en el desempeño de sus funciones. Esta ha sido una demanda histórica del colectivo, que la clase política no puede ignorar y debe priorizar. Es esencial que las palabras se concreten en modificaciones legislativas específicas para otorgar este estatus a los empleados públicos que laboran en las prisiones españolas.

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