La Junta de Castilla y León actuará ante la agresión en la residencia de personas mayores
La Junta de Castilla y León ha anunciado que «se tomarán medidas, como en todos los casos», tras conocerse la situación que vive una trabajadora Técnico en Cuidados de Enfermería (TCE) de la residencia de personas mayores de la Junta de Castilla y León que, desde hace dos años, sufre agresiones, «verbales y físicas», por parte de una familiar de uno de los residentes, según ha denunciado el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), que además ha anunciado la interposición de una denuncia contra la propia residencia debido a su «inacción» ante este caso.
Desde la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, y «sin entrar a valorar las afirmaciones publicadas por una central sindical», han manifestado que «existe un protocolo denominado ‘Actuación ante situaciones de violencia en el trabajo’ que se aplica siempre que cualquier trabajador comunica una situación», de estas características.
Según ese protocolo, se sigue explicando desde la Delegación Territorial, «cuando se recibe una comisión en la que participa el servicio de salud laboral investiga y toma medidas», y asegura que «así se hizo en este caso hace tiempo».
A su vez, precisan que «si se han producido nuevas situaciones se investigarán y se tomarán medidas como en todos los casos».
De igual modo, se recalca desde la Delegación Territorial que estos casos «exigen documentación y un protocolo que gestiona salud laboral». Y aseguran, finalmente, que «se implementaron medidas en este caso».
Más de dos años. Desde el SAE se manifestó que «insultos, vejaciones, desprecio continuo e intimidaciones son algunas de las agresiones verbales a las que esta trabajadora lleva más de dos años sometida por parte de su agresora, quien, además, le ha atacado físicamente». Y aseguraron que «tanto SAE como las profesionales del centro han informado en varias ocasiones a la dirección de la residencia sobre esta situación», sin que, a su juicio, «los responsables hayan adoptado ninguna medida al respecto, salvo imponer a la agresora un distanciamiento de la trabajadora durante 15 días y pedir a las profesionales que le den un voto de confianza». SAE insiste en que «la situación, cada vez más grave, ha provocado la baja de la profesional, sometida a importantes episodios de estrés, ansiedad y temor al tener que enfrentarse diariamente a su agresora».
A su vez, desde SAE manifiestan que «esta falta de apoyo por parte de la dirección del centro ha llegado hasta el extremo de no informar a la víctima de los pasos que debía seguir para iniciar la denuncia o para comunicar la agresión a la Junta de Castilla y León».
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