Testigo protegida denuncia trata de seres humanos en Burgos
Una testigo protegida que ha declarado en el juicio que se lleva a cabo en la Audiencia Provincial contra seis acusados -tres varones y tres mujeres- por trata de seres humanos ha asegurado que vivió bajo «amenaza y presión, con humillaciones» y con un estricto «control» parte de una mujer que ejercía como cabecilla de la organización formada por ella y por otras cinco personas.
La Audiencia de Burgos juzga durante una semana y media a un grupo organizado, según la Fiscalía, que operaría en la ciudad y con el que presuntamente explotaba y prostituía a mujeres a las que captaba en países de Latinoamérica. Para ellos, la Fiscalía pide un total de 214 años de cárcel que se reparten en penas de entre 17 años hasta los 64 para los imputados en esta trama. Este procedimiento ha vivido este lunes la primera jornada con las pruebas testificales.
La testigo protegida ha declarado que la principal imputada y cabecilla del grupo organizado fue captada para realizar trabajos de naturaleza sexual y ha reconocido «ser consciente» de que cuando fue contactada conocía perfectamente «que iba a realizar estos servicios». Se acogió a ello por la situación de «vulnerabilidad y las necesidades económicas» familiares.
Por eso se trasladó desde otra ciudad hasta Burgos para aceptar una oferta de la jefa de la organización. Ésta colgaba anuncios en Internet ofreciendo servicios sexuales. Sus víctimas quedaban «sujetas al control» de la red como ha apuntado la testigo protegida. Su situación era de «sometimiento» debiendo estar disponibles «las 24 horas de los siete días de la semana»; tampoco podían negarse a «prácticas de todo tipo», solicitadas por los clientes «sin margen de decisión».
Con la testigo protegida como paradigma, y como la Fiscalía indica en su escrito de calificación, el modo de trabajar de este tipo de organización es «muy similar al de esta trama». Las mujeres tratadas llegaban a Burgos y ahí les informaban a cerca de en qué constituía este trabajo; como ha declarado la mujer, «no se ajustaba» a lo que se les había ofrecido económicamente.
En declaraciones a la fiscal, la mujer prostituida contactó con la persona acusada en octubre de 2018 tras su llegada a España para ganar dinero y ayudar a familia; primero paró en una ciudad del norte; y después llegó a Burgos unas semanas después. Tuvo la «promesa de privacidad por parte de la cabecilla, pero finalmente la instaló con una cama «en el salón con cámara de vigilancia en el pasillo»; unas cámaras que la principal acusada «revisaba» para controlar a las mujeres del piso de la calle Luis Alberdi.
La testigo estuvo en el piso un mes y medio; se fue pero regresó después porque «no tenía recursos y no cumplía propósito de ganarlo», por lo que se marchó en enero de 2019.
Trabajaba 24 horas sin días libres y podría descansar «si no había clientes» para unos servicios que se prestaban «en la casa y fuera de ella». Con los clientes hablaban la acusada y ella «no podía decir que no a los clientes», aunque lo intentó. La promesa era que la jefa de la trama le pagaría una 60% del servicio; y el 40% para la organización. Pero «nunca cumplió». Se quedaban con el 50% bajo promesa de correr con los gastos de aseo, comida y sanitarios. Pero según la testigo, las mujeres explotadas eran las que compraban «comida o iban a Cáritas».
La mujer se fue por motivos de «angustia, humillaciones y amenazas» incluso a familia… la mujer «tenía miedo» y necesitó asistencia psicológica. Llegó vulnerable a España, situación. que se agravó con la estancia «por malas experiencias de maltrato verbal y humillaciones».
Por su parte, la defensa de la cabecilla de la trama ha tratado de demostrar que la testigo protegida acudió a Burgos desde otra ciudad del norte de España para celebrar el cumpleaños de la jefa de la trama y que ésta vivía en otro domicilio, aunque también estaba en el piso donde eran prostituidas las mujeres.
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