Juicio por apropiación indebida de préstamo de 65.000 euros en asociación benéfica de Donostia
La tesorera de una asociación benéfica de Donostia, está en peligro de enfrentarse a una pena de 2 años y 8 meses de prisión debido a las sospechas de haberse apropiado de un préstamo de 65.000 euros otorgado por una entidad bancaria y avalado por tres personas. El banco ejecutó los avales entregados, lo que causó pérdidas para las tres personas involucradas.
La Fiscalía de Gipuzkoa ha acusado a la tesorera, quien será juzgada el próximo lunes, de cometer un delito de apropiación indebida. Como consecuencia de ello, se le reclama una pena de 2 años y 8 meses de prisión, además de indemnizaciones para compensar los avales perdidos por las tres personas que los suscribieron.
La acusada ocupaba el cargo de tesorera y apoderada única en una asociación sin ánimo de lucro cuya misión era combatir la marginación y la exclusión social. En mayo de 2013, solicitó un préstamo de 65.000 euros a una entidad bancaria. Dicho préstamo fue avalado por la propia tesorera, un hombre y un matrimonio que aportó 41.665,28 euros como aval.
La situación se complica debido al fallecimiento del ciudadano que avaló el préstamo en 2018. Ahora, es su hija quien reclama a la acusada una indemnización por el dinero perdido.
La asociación presentó un déficit de 57.375 euros en 2012, a pesar de que supuestamente tenía las cuentas saneadas en 2011. Además, en la cuenta de resultados del impuesto de sociedades figuraba una cantidad de -80.051 euros, lo que implica una situación de quiebra.
En dicha situación, la asociación solicitó el préstamo a la entidad bancaria. Sin embargo, la tesorera se quedó con la cantidad para ella, incumpliendo lo acordado y no destinándola a las necesidades de la asociación. La acusada dejó de pagar las cuotas mensuales correspondientes al préstamo relativamente pronto, lo que llevó al banco a ejecutar los avales a los tres perjudicados.
La Fiscalía informa que la asociación recibió una subvención de 2.500 euros del Ayuntamiento en 2013, pero dicha cantidad debe reducirse en un 30% debido a la falta de justificación. Además, la entidad recibió tres subvenciones del Gobierno Vasco en octubre de 2013 por un total de 64.708,98 euros.
La solicitud de la Fiscalía incluye una pena de prisión para la acusada, así como una indemnización para el matrimonio afectado por 41.665,28 euros y la cantidad que se determine en el juicio oral para la heredera del otro avalista, ya que no se tiene constancia de la cantidad del aval ejecutado al fallecido.
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