Agentes de la Policía Nacional multan con 20.000 euros a propietarios por empadronamiento ilegal en Mallorca
En Palma, agentes de la Policía Nacional han sancionado a cuatro propietarios con una multa de 20.000 euros por llevar a cabo el empadronamiento ilegal de 34 inmigrantes en Mallorca. Esta práctica fraudulenta no solo viola la normativa vigente, sino que también se utiliza para acceder indebidamente a ayudas sociales, servicios sanitarios y beneficios públicos.
Las actuaciones realizadas por la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF 2) han permitido identificar y multar a los responsables que fraudulentamente registraban a un número significativo de personas en sus viviendas.
La investigación se inició en una vivienda de Llucmajor, pero durante las gestiones policiales se descubrió que el individuo también poseía otros dos pisos en Son Gotleu, donde llevaba a cabo el mismo tipo de fraude.
En total, se detectaron 34 empadronamientos irregulares, con un total de sanciones que superan los 20.000 euros. La operación también derivó en sanciones para otros tres propietarios en Llucmajor.
En una propiedad de esta localidad se detectó el empadronamiento irregular de otras cuatro personas, y su titular fue sancionado con 2.000 euros.
Otro propietario en el mismo pueblo realizó cuatro empadronamientos irregulares, por lo que recibió una multa de 4.000 euros.
Un propietario en El Arenal de Llucmajor, donde se detectaron ocho empadronamientos fraudulentos, fue sancionado con 6.501 euros.
Estas sanciones han sido posibles gracias a la colaboración entre el grupo UCRIF 2 y el Ayuntamiento de Llucmajor, en el marco de un plan conjunto para reforzar los controles administrativos y prevenir el uso fraudulento del padrón municipal.
Las autoridades han anunciado que esta campaña contra los empadronamientos irregulares continuará en los próximos meses, con un refuerzo de las inspecciones y controles administrativos.
Los organismos competentes han anunciado que intensificarán su labor de supervisión para asegurar que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan y evitar prácticas que distorsionen la gestión municipal y el equilibrio de los servicios sociales.
Las sanciones impuestas se han aplicado en virtud de la Ley de Extranjería, en lo relativo a infracciones administrativas por inscripciones fraudulentas en el padrón municipal. Además, si se detectase falsificación de documentos públicos para llevar a cabo estos empadronamientos, los implicados podrían enfrentarse a responsabilidades penales conforme al Código Penal.
Con este tipo de actuaciones, la Policía Nacional reafirma su compromiso en la lucha contra el fraude, trabajando en estrecha colaboración con las administraciones locales para proteger la legalidad, el orden administrativo y la equidad en el acceso a los derechos sociales.
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