Sacerdote condenado a 11 años de prisión por agresión sexual a mujer vulnerable en Puente de Vallecas

Sacerdote condenado a 11 años de prisión por agresión sexual a mujer vulnerable en Puente de Vallecas

Condena a sacerdote por agresión sexual en Puente de Vallecas

En una sentencia reciente, la Audiencia Provincial de Madrid ha dictaminado una condena de once años de prisión para un sacerdote, identificado como Wooby O. JO, por un delito continuado de agresión sexual cometido en el año 2022 contra una mujer en situación de vulnerabilidad económica y social en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Según el fallo judicial, el acusado, párroco de la iglesia de San Pedro Regalado y San José de Calasanz desde 2018, se aprovechó de su posición en la parroquia para captar a mujeres inmigrantes necesitadas de ayuda económica y alojamiento. La víctima principal, una mujer colombiana que llegó a España en febrero de 2022, acudió a la parroquia en busca de ayuda tras quedarse sin vivienda. El sacerdote le ofreció alojamiento en una casa contigua a la suya y, posteriormente, comenzó a realizarle insinuaciones sexuales.

La sentencia establece que el religioso accedió varias veces a la vivienda utilizando sus propias llaves y agredió sexualmente a la mujer, llegando incluso a amenazarla con «darle un tiro» si contaba lo ocurrido. El tribunal considera que el acusado actuó aprovechándose de la extrema vulnerabilidad de la mujer y de la dependencia que esta tenía de las ayudas gestionadas por una entidad religiosa. La víctima fue diagnosticada posteriormente de trastorno por estrés postraumático.

La resolución judicial absuelve al sacerdote de otros delitos denunciados por tres mujeres más, al considerar que los hechos relatados -comentarios, insinuaciones o comportamientos inapropiados- no alcanzaban relevancia penal suficiente. Además de la pena de prisión, la Audiencia impone al condenado doce años de prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima, diez años de libertad vigilada tras cumplir la condena y 18 años de inhabilitación para trabajos con menores. También deberá indemnizar a la denunciante con 40.000 euros por daños morales.

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