Sábado, 29 de junio 2024, 06:07
Plaga silenciosa: Okupas invaden barrio alicantino
En el barrio de Colonia Requena en Alicante se vive un problema cada vez más común: la okupación de viviendas. Mientras se busca una solución legal para desalojar a estos okupas en menos de 24 horas, la Zona Norte de la ciudad se ve afectada por una oleada de esta práctica ilegal.
Un video obtenido por TodoAlicante muestra cómo un hombre salta desde el balcón de un primer piso de un edificio en la avenida Pintor Gastón Castelló durante la madrugada del 10 de junio. A pesar de que inicialmente se pensaba que se trataba de un robo, se ha confirmado que se trata de una okupación.
Este fenómeno se ha vuelto común en el barrio de la Zona Norte, según varios vecinos entrevistados por TodoAlicante. Según el presidente de una de las comunidades de vecinos, A.C., «más del 50% de las viviendas están okupadas». Aunque no se pueden ofrecer cifras exactas debido a la dificultad de recopilar datos de una actividad ilegal, se estima que esta práctica continúa en la economía sumergida.
Propuestas para combatir la okupación
En los últimos meses, los portales web de venta de viviendas en Alicante se han llenado de anuncios con descuentos de hasta el 50% de su precio original, pero con un detalle: están okupadas. Estos casos pueden parecer atractivos para los inversores, pero deben asumir los costos y el tiempo de un proceso judicial que puede durar más de un año.
Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en España los propietarios deben esperar en promedio 20,5 meses para desalojar a un okupa.
Una nueva ley propone que los okupas sean desalojados en un plazo de 24 horas una vez que una autoridad pública lo solicite, o demuestren tener autorización legal para estar en el inmueble. Además, se plantea aumentar las penas de cárcel para los okupas, de hasta tres años en casos de violencia o intimidación al ocupar el inmueble. También se busca que la Administración devuelva el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Patrimonio pagados por el propietario de la vivienda ocupada. Las comunidades de vecinos también tendrían más poder para denunciar conductas perjudiciales y solicitar medidas preventivas.
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