Denunciadas seis personas en Córdoba por mutilar a perros de caza
La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación Raviches-Severed Ear, que ha culminado con la denuncia de 58 propietarios de rehalas de perros, seis de ellos en Córdoba. Estas personas han sido acusadas de mutilar ilegalmente a 1.111 perros a los que se les cortaron las orejas y los rabos en diferentes provincias andaluzas como Almería, Granada, Málaga, Jaén, Córdoba y Sevilla.
En esta operación se ha detenido a un veterinario de Úbeda (Jaén) como presunto autor de un delito continuado de falsedad documental y maltrato animal. El detenido emitía certificados que justificaban las mutilaciones pero sin haber examinado a los animales y sin presentar informes que avalaran dichas intervenciones.
La investigación comenzó después de que el Seprona realizara inspecciones en una rehala de perros en las localidades granadinas de Picena y Domingo Pérez, donde encontraron 26 perros con las orejas y los rabos cortados. Tras detectar irregularidades en las cartillas sanitarias, los agentes descubrieron la implicación del veterinario de Úbeda.
Posteriormente, en la localidad sevillana de Cazalla de Sierra, se encontraron más rehalas de perros con los mismos cortes, lo que hizo sospechar a los agentes debido a la edad de los animales y la discrepancia en las fechas de intervención.
En total, más de 2.000 perros fueron inspeccionados y se detectaron 1.111 canes que presuntamente habían sido mutilados ilegalmente. Se investigó a 58 personas como presuntas autoras de maltrato animal, falsedad documental e intrusismo profesional, repartidas en diferentes provincias de Andalucía.
Entre las irregularidades encontradas se destaca la incoherencia en las fechas de las intervenciones quirúrgicas en las cartillas sanitarias, así como deficiencias en las instalaciones de la clínica veterinaria donde se realizaban las mutilaciones.
Las mutilaciones de orejas y rabos en perros de rehala, que antiguamente se llevaban a cabo para proteger a los animales durante la caza, quedaron totalmente prohibidas desde febrero de 2018 en España. Estas prácticas están penalizadas con hasta 18 meses de prisión, multas y la inhabilitación para actividades relacionadas con animales.
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