Desórdenes y resistencia en una concentración anticovid en Palma en 2021
El próximo martes, 14 de noviembre, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Baleares llevará a cabo la vista previa al juicio contra nueve acusados de desórdenes públicos y resistencia a los agentes de la autoridad durante una concentración anticovid en Palma en el año 2021. La Fiscalía solicita penas que suman más de 23 años de cárcel.
Los hechos se produjeron el 8 de mayo de 2021, alrededor de las 23.00 horas, cuando los acusados y otras personas no identificadas participaron en una protesta en la plaza de España contra las medidas sanitarias adoptadas por las administraciones públicas. Durante la concentración, en la que se congregaron alrededor de 300 personas, la Delegación de Gobierno no tenía conocimiento de la misma y además incumplía las medidas sanitarias vigentes.
La Policía Nacional y la Policía Local de Palma requirieron a los asistentes a través de megafonía que abandonaran el lugar, pero muchos se negaron. En respuesta, los concentrados, incluyendo los acusados, arrojaron una gran cantidad de objetos hacia los agentes, como comida, botellas de vidrio y plástico, piedras y otros objetos. Esto alteró severamente la tranquilidad de la zona y puso en riesgo la seguridad de los transeúntes.
Ante el avance policial, los congregados ocuparon los carriles de circulación de Avenidas, impidiendo el paso intermitente de los vehículos. Continuaron arrojando objetos a las fuerzas del orden, destrozaron papeleras y barandillas, y formaron barricadas con contenedores en algunas calles, dificultando la circulación de los vehículos y lanzando más objetos contra los agentes.
Como resultado de los altercados provocados por los acusados, se produjeron daños en un vehículo policial, así como en el mobiliario urbano de Palma perteneciente al Ayuntamiento y a Emaya. Además, varios agentes resultaron lesionados.
La Fiscalía considera que estos hechos constituyen un delito de desórdenes públicos y cinco delitos de resistencia a agentes de la autoridad. Por lo tanto, solicita penas que suman más de 23 años de cárcel para los acusados. Se propone la expulsión del territorio nacional de España para tres de los acusados, con prohibición de retorno por ocho años.
En cuanto a la responsabilidad civil, se pide que los acusados indemnicen a los policías y a las instituciones afectadas por los daños materiales ocasionados durante la concentración.
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