Controversia en Navarra: Geroa Bai y EH Bildu se oponen a la inclusión de Guardia Civil y Policía Nacional en el 112
El 112 de Navarra ha dado un paso hacia la modernización al permitir que una patrulla de la Guardia Civil o de la Policía Nacional pueda intervenir en situaciones de emergencia, priorizando la rapidez de respuesta. Sin embargo, esta decisión ha generado tensiones entre los partidos que respaldan al Gobierno de María Chivite.
En una sesión del Parlamento, los representantes de Geroa Bai y EH Bildu manifestaron su desacuerdo con el sistema establecido por el Gobierno de Navarra y el Ministerio del Interior. Ambas formaciones critican que este nuevo enfoque disminuye el papel de la Policía Foral, mientras que el PSN argumenta que, por el contrario, el cuerpo autonómico se ve fortalecido.
El nuevo modelo permite que cualquier incidente sea atendido por la fuerza policial más cercana, un planteamiento que ya había sido cuestionado por Geroa Bai desde el anuncio del acuerdo en la Junta de Seguridad. Durante la comparecencia de la consejera de Interior, Inma Jurío, las diferencias entre los partidos aliados de Chivite se hicieron patentes.
La portavoz de Geroa Bai, Blanca Regúlez, ha calificado la medida como una «cesión de competencias de facto», señalando que la Policía Foral pierde su estatus de referencia en situaciones de emergencia. Regúlez criticó la falta de un debate político previo y acusó al PSN de haberse sometido a las presiones del Ministerio del Interior.
Según Geroa Bai, el acuerdo parece ser un intento de compensar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional tras la transferencia de las competencias de Tráfico a Navarra, describiendo el cambio como un acto «gravísimo contra el autogobierno».
Por su parte, el parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha calificado esta decisión como un «retroceso de 20 años», acusando al Gobierno foral de ceder ante el «chantaje» del Ministerio del Interior. Araiz también ha sugerido que el crecimiento de la Policía Foral debería ir acompañado de una reducción de efectivos en la Guardia Civil y la Policía Nacional para evitar duplicidades.
EH Bildu interpreta el acuerdo como un pacto con múltiples componentes: aunque Navarra aumenta el número de policías forales y promueve una pasarela para agentes de Tráfico de la Guardia Civil, también acepta un sistema de gestión conjunta de emergencias que permite a las patrullas de otras fuerzas policiales actuar en incidentes cercanos.
El PSN ha respondido a las críticas señalando que «ha comenzado la campaña electoral» y que el debate es parte de la proximidad de las próximas elecciones. El socialista Ramón Alzórriz sostiene que la Policía Foral nunca ha estado en mejor situación, destacando el aumento del límite de efectivos acordado que pasará de 1.200 a 1.600 policías.
La UPN también ha expresado su opinión, considerando «discutible» la idea de una cesión de competencias y valorando positivamente el incremento de efectivos, aunque al igual que Geroa Bai, han criticado la falta de un debate previo.
El presidente del PPN, Javier García, ha centrado la discusión en la rapidez de respuesta ante emergencias, enfatizando que lo importante es garantizar la atención al ciudadano, independientemente de la procedencia del agente que llegue primero.
Desde Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha advertido sobre la mezcla de diferentes debates y ha solicitado que se verifique si el nuevo sistema realmente logra reducir los tiempos de respuesta.
La consejera Inma Jurío ha defendido que la plataforma única representa la forma más «eficiente y ágil» de gestionar emergencias policiales en Navarra. Desde el 14 de agosto, el 112 también recibe las llamadas de los números de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, asignando cada caso según la proximidad y disponibilidad de las patrullas.
Jurío aclaró que la implementación del nuevo modelo no significa que haya policías nacionales o guardias civiles operando en la sala de SOS Navarra o de la Policía Foral. Además, destacó que el 112 ya gestionaba emergencias policiales antes de la reforma y que la centralización de llamadas había sido motivo de preocupación entre representantes de SOS Navarra.
Entre el 14 de agosto y el 13 de septiembre, el 112 registró 63.079 llamadas, un aumento de 4.640 respecto al periodo anterior, lo que representa un crecimiento del 8%. En respuesta a este incremento, se han tomado medidas para incorporar de forma permanente a dos operadores más.
Jurío ha negado que la calidad del servicio se haya visto afectada por la falta de personal y ha defendido que los acuerdos permiten fortalecer a la Policía Foral y prepararla para asumir nuevas funciones. Además, ha rechazado que se haya producido una merma en el autogobierno, argumentando que el crecimiento de efectivos es un signo positivo.
La reforma del 112 es parte de un acuerdo más amplio que ha elevado el límite de la Policía Foral de 1.200 a 1.600 efectivos. De estos, 150 estarán destinados a Tráfico y 250 a Seguridad Pública, buscando con ello culminar la asunción de las competencias de Tráfico en marzo de 2028 y dotar a la Policía Foral de la capacidad necesaria para asumir nuevas responsabilidades.
La consejera también ha afirmado que la Junta de Seguridad no se convocó «a espaldas» de sus socios, asegurando que estaban al tanto de las gestiones relacionadas con el aumento de efectivos y la plataforma única. Sin embargo, este argumento no ha logrado convencer a Geroa Bai ni a EH Bildu, quienes continúan debatiendo si, ante una emergencia, debe prevalecer la asignación de funciones o la rapidez en la llegada de la ayuda.
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