Mantienen penas de hasta 30 meses de prisión por maltrato animal en el caso del ‘criadero de los horrores’ de Melgar de Fernamental

Mantienen penas de hasta 30 meses de prisión por maltrato animal en el caso del ‘criadero de los horrores’ de Melgar de Fernamental

El juicio por el ‘criadero de los horrores’ en Burgos revela testimonios impactantes sobre maltrato animal

La Fiscalía y la acusación particular del caso del llamado ‘criadero de los horrores’ de Melgar de Fernamental, que se ha juzgado en Burgos, mantienen las penas entre 18 y 30 meses de prisión por presunto un delito de maltrato animal para el propietario. En la sesión de este viernes, han declarado varios peritos veterinarios que han ratificado los testimonios recogidos en los informes emitidos respectivamente. También ha declarado el acusado que ha asegurado haber sufrido persecución por parte de la Guardia Civil.

Por su parte, la defensa del acusado D.O., ha solicitado «la absolución»; en su alegato ha expuesto la «vulneración de derechos fundamentales», ya que el encartado no ha dispuesto en todo momento de letrado. También defiende que el proceso de extradición desde Venezuela es, al menos cuestionable, al no existir en Venezuela, país que le extraditó, delitos de este tipo.

Todos los peritos veterinarios han confirmado en el acto de juicio las «graves» patologías y «desnutrición» de los animales del criadero de los horrores’ de Melgar de Fernamental. Los informes forenses de los ejemplares detallan casos de «deshidratación severa, parásitos, lesiones crónicas» y signos compatibles con «hepatitis por agentes externos».

Uno de los veterinarios ha expresado en el juicio que tras el examen individualizado sobre los animales peritados por uno de los veterinarios se detectó un panorama crítico de salud. Durante las diligencias, uno de los peritos veterinarios constató que los ejemplares —entre los que se encontraba un doberman— sufrían cuadros severos de desnutrición y deshidratación, además de parasitosis y diversas lesiones crónicas de carácter prolongado.

En los testimonio, conforme a los informes técnicos que emitió en su día, ha detallado que varios de los animales presentaban también indicios compatibles con «enfermedades sistémicas». En determinados casos, los especialistas observaron afecciones como hepatitis, cuyo origen podría vincularse tanto a la exposición a agentes externos como a un avanzado estado carencial derivado de las condiciones de mantenimiento.

La sesión judicial ha continuado con la declaración de una segunda perito veterinaria, centrada en esta ocasión en el análisis de dos de los animales afectados. A preguntas de la fiscal, la especialista detalló las condiciones en las que se encontraban los ejemplares, un diagnóstico que «demostró de forma evidente que no habían recibido los cuidados básicos», ni la atención que necesitaban.

Pese a la gravedad del cuadro clínico inicial, los animales atendidos consiguieron salir adelante y recuperarse favorablemente gracias a la administración de los tratamientos veterinarios oportunos. Interrogada sobre el posible desenlace de no haber mediado esta intervención, la experta fue categórica al advertir que, «de no haber contado con dicha asistencia a tiempo», los animales habrían acabado falleciendo.

Los informes de las 21 autopsias realizadas por uno de los veterinarios y expuesta en el juicio ha sacado a la luz un escenario de «abandono extremo y maltrato animal» continuado. Los informes técnicos elaborados por el especialista detallan que las víctimas, cachorros de hasta siete meses de edad, presentaban «indicios inequívocos» de haber sufrido una privación prolongada de alimento, lo que desencadenó situaciones límite de desesperación dentro del recinto donde se encontraban.

Los análisis forenses sitúan el fallecimiento de los ejemplares entre diez y veinticinco días antes de la intervención oficial en el lugar. Durante este intervalo, el hambre extrema llevó a los animales a desarrollar conductas desesperadas como la coprofagia —evidenciada por la presencia de piedras en el estómago— y, tal como confirman los informes y las marcas de mordiscos, episodios evidentes de canibalismo entre los propios compañeros de cautiverio.

El acusado estaba huido de la justicia desde el 2020 y el pasado mes febrero fue detenido en Venezuela y extraditado para ser juzgado en España. El juicio se inició el pasado martes en el Juzgado de lo Penal nº 2 de Burgos. El acto de juicio se ha celebrado seis años después de que la Guardia Civil desmantelara el criadero en el que había más de cien animales en condiciones higiénicas y sanitarias lamentables.

El encartado, según el Ministerio Fiscal y la acusación se enfrenta a otro delito de alzamiento de bienes, con una petición de tres años por reincidencia del detenido, que ya había sido condenado a un año por maltrato animal en octubre de 2019.

La defensa alega persecución

El encartado ha asegurado en el juicio haber sufrido una presión constante traducida en inspecciones continuas del Seprona. En la mayoría de los casos, ha dicho, los agentes acudían para comprobar el estado de los animales, que siempre se encontraban en condiciones de salud, o para exigirle obras en las instalaciones que le terminaban denegando por la vía administrativa.

Lejos de resolverse por cauces formales, el clima de tensión escaló hasta derivar en múltiples incidentes con los agentes. El hombre ha denunciado que era interceptado sistemáticamente en cuanto los guardias civiles lo veían por la zona, lo que derivó en arrestos recurrentes, la mayoría fundamentados en acusaciones que posteriormente tumbaban los tribunales, como ha explicado.

Tras acumular varias denuncias —todas ellas recurridas y ganadas en los juzgados—, la presión se intensificó hasta el punto de dictarse una orden de búsqueda y captura contra él, una situación que le obligó a huir y a esconderse durante un tiempo en zonas boscosas.

Sin ahorros y con una sensación asfixiante de inseguridad, tomó la decisión de marchar al exilio rumbo a México para intentar rehacer su vida, aunque intentó regresar a España coincidiendo con la crisis sanitaria del covid-19. Ante la imposibilidad de retornar en ese momento, terminó desplazándose a Venezuela junto a su nueva pareja. Allí fue arrestado e ingresado en una prisión del país caribeño, donde asegura haber sufrido torturas extremas y privaciones severas de agua y alimentos.

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