La Policía Nacional detiene a cuatro personas en Melilla por falsos empadronamientos para obtener nacionalidad española y renovar permisos de residencia

La Policía Nacional detiene a cuatro personas en Melilla por falsos empadronamientos para obtener nacionalidad española y renovar permisos de residencia

Noticia: Cuatro detenidos en Melilla por fraudes en empadronamientos con fines migratorios

En Melilla, la Policía Nacional ha arrestado a cuatro individuos en relación a dos casos de falsos empadronamientos, utilizados para obtener de manera fraudulenta la nacionalidad española y renovar permisos de residencia. Estas acciones fueron llevadas a cabo por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla.

Las investigaciones revelan el uso de documentos falsificados en trámites administrativos, constituyendo un delito de falsedad documental. En uno de los casos, también se observó usurpación del estado civil.

La primera pesquisa se originó en abril, tras la denuncia de una residente melillense que descubrió que había sido dada de baja del padrón municipal sin su consentimiento. Posteriormente, se le informó que estaba empadronada en Barcelona, una situación completamente desconocida para ella.

Los agentes de la UCRIF verificaron los documentos relacionados con el cambio de empadronamiento y encontraron pruebas claras de falsificación. Según la Policía, el empadronamiento fue realizado de manera fraudulenta para beneficiar a un ciudadano marroquí en su proceso de adquisición de la nacionalidad española. Este proceso incluyó un matrimonio simulado con una mujer española residente en Barcelona, quien también fue detenida como sospechosa.

La víctima, residente en Melilla, no tenía ninguna conexión con este proceso ni conocía a las personas implicadas. Todo indica que su empadronamiento fue utilizado sin su consentimiento para validar la documentación necesaria en el trámite migratorio.

Durante esta primera investigación, la Policía detuvo a dos individuos. Una tercera persona, que también habría participado en la falsificación documental, aún no ha sido localizada. Se trata de una mujer que ya fue detenida previamente en relación con estos hechos y tiene una orden de detención en su contra.

El segundo caso se descubrió en julio, gracias a una alerta anónima recibida a través de una plataforma de colaboración ciudadana de la Policía Nacional. La información indicaba un posible fraude relacionado con un empadronamiento en un domicilio de Melilla por parte de un ciudadano marroquí con residencia legal en España.

El objetivo de este empadronamiento era renovar su permiso de residencia. Para ello, presentó un contrato de arrendamiento que resultó ser falso tras ser analizado por la Policía. El supuesto arrendador, un ciudadano español propietario de una asesoría en Melilla, gestionaba esa vivienda en nombre de sus clientes y emitió un contrato fraudulento para facilitar el trámite.

Ambos implicados fueron arrestados: el arrendador, por facilitar la documentación fraudulenta; y el arrendatario, por utilizarla en su proceso administrativo. La Policía confirmó que el contrato presentado no correspondía a una situación de residencia real, y que la vivienda nunca había sido habitada por el solicitante.

Ambos casos han sido presentados ante el Juzgado de Instrucción número 1 y número 4 de Melilla, respectivamente. Los juzgados han iniciado procedimientos judiciales para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Estos nuevos casos se suman a una tendencia ya advertida por las fuerzas de seguridad. En julio, El Faro de Melilla informó sobre el desmantelamiento de una red dedicada a llevar a cabo falsos empadronamientos con al menos una treintena de implicados. Las investigaciones demostraron entonces que muchos de estos fraudes se utilizaban para simular arraigo, justificar estancias o incluso tramitar matrimonios de conveniencia.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de seguir trabajando para detectar y desmantelar este tipo de prácticas, que afectan tanto a la administración pública como a la convivencia vecinal. Asimismo, recordaron a la ciudadanía que pueden colaborar de forma confidencial denunciando este tipo de delitos a través de sus canales oficiales.

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