La Policía investiga la instalación de videocámaras en habitaciones de un centro de mayores de Tenerife
La Policía Autonómica, en colaboración con el Cuerpo General de la Policía Canaria, ha puesto su mirada en la dirección de un centro privado para mayores en Tenerife por la sospecha de un delito que infringe el derecho a la intimidad. La investigación se inició tras el hallazgo de cámaras de videovigilancia instaladas en los dormitorios de los residentes, algunos de los cuales son personas con discapacidad que requieren una protección especial.
Según un comunicado del Gobierno canario, estos dispositivos tenían la función de monitorear las actividades cotidianas de los usuarios dentro de estos espacios que deberían ser privados.
Durante la inspección, los agentes descubrieron que la administración del centro carecía de la documentación necesaria que demostrara el consentimiento explícito de los residentes o de sus representantes legales, así como del cumplimiento de las normativas de información sobre la instalación de estas cámaras.
Este tipo de acciones podrían constituir una vulneración del derecho a la intimidad y, de acuerdo con el Código Penal actual, podrían ser consideradas un delito.
El Gobierno regional ha indicado que esta intervención es parte de un acuerdo de colaboración entre las consejerías responsables de Presidencia, Seguridad y Administraciones Públicas y de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, que permite la participación de la Policía Autonómica en las inspecciones de centros y servicios sociales.
Estas medidas buscan fortalecer el control y la supervisión de los recursos asistenciales en Canarias, incluyendo centros residenciales y servicios para personas en situación de dependencia, con un enfoque especial en la protección de sus d derechos y garantías, según lo subraya la Policía Canaria.
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