La Guardia Civil investiga la sobreexplotación ilegal de un pozo en el Ayuntamiento de Ciudadela
En una operación autorizada por un juez, la Guardia Civil ha intervenido en el Ayuntamiento de Ciudadela para investigar la presunta sobreexplotación de un pozo sin autorización durante varios años. Asimismo, se están investigando otras captaciones de agua ilegales por parte del Ayuntamiento. Esta investigación comenzó gracias a la denuncia de una empresa privada.
Dos inspectores del Servicio de Protección de la Naturaleza del Seprona de la Guardia Civil se presentaron en el Ayuntamiento vestidos de paisano para recabar información y interrogar al personal. Incluso la alcaldesa en funciones, Joana María Pons, fue interrogada como testigo en su despacho.
La intervención de la Guardia Civil en el Ayuntamiento se llevó a cabo para requerir documentación y testimonios en relación al caso. La declaración de testigos y el análisis de documentos tuvo lugar en el edificio consistorial, donde incluso se entrevistaron con un técnico.
Los hechos en cuestión se originaron a raíz de la denuncia de una empresa especializada en extracción de gravas y arenas, propietaria de la finca donde se encuentran los pozos de Arenes de Dalt, aunque estos pozos pertenecen al Ayuntamiento en virtud de un convenio firmado años atrás.
De acuerdo a fuentes del proceso, la empresa denunció que el Ayuntamiento había estado sobreexplotando el pozo, realizando extracciones desmesuradas que provocaron la salinización del agua. Además, se descubrió que estas extracciones se habrían llevado a cabo sin autorización durante al menos 14 años.
Ante esta situación, el Gob Menorca lamentó los hechos y recordó que la salinización de acuíferos también ha ocurrido en otros pozos de Ciutadella. Destacaron que la localidad cuenta con una desaladora que no se estaría utilizando completamente debido a su mayor coste económico.
Un grupo ecologista también se pronunció sobre el problema, considerándolo como una consecuencia de la masificación turística en Menorca. Para ellos, el panorama no es optimista, especialmente ante el crecimiento esperado en el municipio.
La investigación contra el Ayuntamiento de Ciudadela comenzó en 2021 a raíz de la denuncia del empresario Valeriano Allés por el uso ilegal de dos pozos en su finca de Ses Arenes de Dalt, que eran utilizados por el Ayuntamiento sin autorización. La Dirección General de Recursos Hídricos del Govern balear ha abierto un expediente sancionador contra el Ayuntamiento, mientras que la Conselleria de Sanidad ha desautorizado el suministro de agua para consumo humano.
Además del Ayuntamiento, la Guardia Civil ha solicitado documentación a la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, concretamente a la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental. En repetidas ocasiones, han requerido información que ha sido proporcionada por dicha agencia.
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