La Guardia Civil descubre un taller mecánico clandestino en un contenedor frigorífico en Fortuna
En una actuación sorprendente, la Guardia Civil de la Región de Murcia ha desmantelado un taller mecánico ilegal que se encontraba instalado en un contenedor vacío de un camión frigorífico. El establecimiento, ubicado en una parcela de suelo rústico destinada principalmente a la agricultura, ha sido denunciado por presuntas infracciones a la legislación medioambiental y urbanística.
La investigación se inició gracias a la colaboración ciudadana, que alertó a la Guardia Civil sobre la existencia de un taller mecánico que no parecía cumplir con los requisitos legales. El Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil tomó las riendas de la investigación, en el marco de los servicios enfocados al control y vigilancia de actividades comerciales relacionadas con el tratamiento y gestión de residuos.
Los agentes del SEPRONA se trasladaron a un paraje en Fortuna, donde descubrieron el acopio indiscriminado de residuos en suelo rústico destinado a la agricultura. Durante la inspección, encontraron un contenedor vacío de un camión frigorífico utilizado como taller, así como tres casetas modulares y varios vehículos.
Las investigaciones revelaron que en dicho terreno se llevaban a cabo tareas de cambio de aceite, filtros y baterías, así como sustitución de neumáticos. Sin embargo, la empresa responsable no contaba con las autorizaciones administrativas necesarias para operar este tipo de negocio, ni tampoco tenía la documentación que acreditara una correcta gestión de los residuos peligrosos generados por el taller.
Además, los agentes constataron la presencia de residuos almacenados sin control, con vertidos directos al suelo y al aire libre, lo cual supone un foco contaminante para las aguas pluviales y el suelo. Esta situación fue notificada al Ayuntamiento de Fortuna, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Confederación Hidrográfica del Segura.
Por todo ello, la Guardia Civil ha presentado las correspondientes denuncias por presuntas infracciones a la legislación medioambiental, industrial y urbanística. Las sanciones por estas infracciones pueden llegar a los 10.001 euros en el caso de las licencias de actividad municipal, y a los 6.001 euros en el caso de la carencia de registros industriales.
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