La pesca ilegal del pulpo amenaza la costa de Alicante
Domingo, 13 de abril 2025, 11:49
En un nuevo caso de pesca ilegal, la Guardia Civil ha intervenido una embarcación que se dedicaba a la caza furtiva de pulpos en la bahía de Santa Pola, en Alicante. Los infractores utilizaban trampas ilegales y sin señalizar para capturar estos animales, poniendo en peligro la sostenibilidad del ecosistema marino.
La intervención, llevada a cabo el pasado 5 de febrero, fue resultado de una actuación coordinada entre la Guardia Civil y los Inspectores de Pesca Marítima de la Subdelegación del Gobierno en Alicante. Durante la operación, se logró liberar a cuatro pulpos que habían sido capturados ilegalmente.
Los Inspectores de Pesca observaron desde la costa cómo una embarcación semirrígida con dos personas a bordo, una de ellas equipada con traje de buceo, colocaba trampas improvisadas en el fondo marino utilizando trozos de tubería. Estas trampas no cumplían con la normativa vigente, ya que carecían de señalización e identificación adecuada.
Tras interceptar la embarcación con apoyo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y el Servicio Marítimo Provincial, se incautaron un total de ocho trampas caseras elaboradas con tuberías de PVC. Algunas de estas trampas estaban clavadas en el fondo marino con herramientas contundentes. En el interior de cuatro de ellas se encontraban pulpos vivos, que fueron liberados de inmediato.
Estas trampas ilegales representan una grave amenaza para el ecosistema marino, ya que afectan a especies protegidas y no siguen ningún tipo de control. Además, pueden capturar ejemplares juveniles que no cumplen el peso reglamentario para su pesca. Esta actividad ilícita también perjudica a los pescadores profesionales, ya que introduce capturas fuera de los canales legales de comercialización.
Es importante destacar que parte de estas capturas ilegales pueden terminar en establecimientos de hostelería, siendo adquiridas a través de canales irregulares y sin las garantías sanitarias y de trazabilidad necesarias. Esto supone un riesgo para la salud pública y para la reputación de la industria pesquera.
Tras la incautación del material antirreglamentario, se procedió a tramitar las correspondientes propuestas de sanción, que pueden oscilar entre los 601 y los 60.000 euros. Con este tipo de acciones, se busca frenar y prevenir la pesca ilegal y proteger el ecosistema marino de la costa de Alicante.
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