La Guardia Civil de Valladolid investiga un caso de maltrato animal y empleo ilegal en explotación ovina

La Guardia Civil de Valladolid investiga un caso de maltrato animal y empleo ilegal en explotación ovina

Investigado un ganadero de Renedo por el «abandono» animal

La Guardia Civil de Valladolid se encuentra realizando una investigación sobre el titular de una explotación ovina en Renedo de Esgueva. El ganadero es sospechoso de cometer un delito contra los animales debido a las condiciones de «abandono» en las que se encontraban las reses, así como por la falta de medidas de bienestar, higiene y sanitarias. Además, también se le acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores por tener a un empleado sin contrato laboral.

El aviso sobre la situación de la explotación llegó en febrero, cuando se reportó un «colapso parcial» en las instalaciones. Ante el riesgo para la seguridad de los animales, los técnicos municipales iniciaron los trámites para declarar la ruina del lugar y proceder a un desalojo urgente. Además de la falta de control sanitario, lo cual podría constituir un delito de maltrato animal, se confirmó el empeoramiento de las condiciones higiénico-sanitarias de bienestar animal durante una inspección llevada a cabo en conjunto con el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta.

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En varias ocasiones desde 2013, la Guardia Civil intervino en la explotación debido a deficiencias sanitarias. En esta ocasión, las investigaciones llevadas a cabo culminaron en la imputación al propietario por delitos contra los animales, ya que se considera responsable del abandono y la falta de medidas de bienestar, higiene y sanitarias, lo cual ha ocasionado la muerte de algunos animales y ha puesto en peligro a otros.

Además, se descubrió que la explotación carecía de licencia desde 2015 y que había sido dada de baja administrativa en el registro en 2020, sin cumplir con las obligaciones de desalojar a los animales. También se encontró que el propietario empleaba a una persona extranjera sin permisos legales, por lo que también se le imputa un delito contra los derechos de los trabajadores.

Las diligencias sobre este caso fueron enviadas al Juzgado de Guardia de Valladolid y a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo en la provincia para su seguimiento.

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