Jubilado de Miranda enfrenta penas de hasta 24 años por enviar cartas explosivas
Empieza a temblar, Pompeyo González, el jubilado de 74 años de Miranda, quien se enfrenta a penas de prisión de entre 22 y 24 años. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado una condena de 22 años por delitos de terrorismo y fabricación de artefactos explosivos con fines terroristas. Por otro lado, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) también ha solicitado una pena de 24 años para el acusado.
Este caso escalofriante comenzó en enero de 2023, cuando Pompeyo fue detenido por ser el presunto autor de enviar cartas explosivas a varias instituciones, incluyendo el Palacio de La Moncloa, el Ministerio de Defensa y las embajadas de Estados Unidos y Ucrania. Uno de los empleados de la embajada ucraniana, Mykola Velychko, resultó herido por una de estas cartas, lo que le ha llevado al acusado a enfrentar un delito de terrorismo con resultado de lesiones.
Tanto la Fiscalía como la AVT coinciden en que los artefactos explosivos presentaban una estructura y composición similares, con elementos para su correcto funcionamiento y suficiente carga explosiva para causar lesiones graves. Estos indicios son fundamentales para sostener las acusaciones contra Pompeyo.
El juez José Luis Calama ha considerado que, aunque no hay pruebas de que el acusado forme parte de un grupo terrorista organizado, el contexto en el que se produjeron los hechos, la viabilidad de que los artefactos detonaran y los destinatarios de las cartas dejan claro que Pompeyo tenía la intención de alterar la paz pública. El magistrado también mencionó que el acusado buscaba transmitir un mensaje de represión hacia los intereses de España y Estados Unidos por su apoyo a Ucrania en la guerra contra Rusia.
La investigación ha revelado múltiples indicios que señalan a González como el autor de los envíos explosivos. Se encontraron varillas cilíndricas, tornillos, muelles y taladros en su domicilio, todos ellos relacionados con la fabricación de los artefactos. Además, se descubrió que había instalado aplicaciones de noticias rusas en su dispositivo móvil. Los sobres que no detonaron fueron rastreados hasta el Centro de Tratamiento Automatizado en Valladolid, lo que apunta a que los envíos podrían haber partido de diferentes buzones exteriores de Burgos.
Pompeyo había adquirido los sobres de características similares a través de una web de venta online, y en Amazon se registraron compras de materiales utilizados en la confección de los artefactos. El análisis científico de estos productos confirmó su relación con los envíos explosivos.
Este caso ha estremecido a la sociedad y ha mostrado la importancia de la lucha contra el terrorismo. Pompeyo González deberá responder por sus acciones ante la justicia, y las víctimas merecen que se haga justicia. La Audiencia Nacional deberá determinar la veracidad de las acusaciones y dictar la sentencia correspondiente.
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