Apelación a la comprensión y respeto en el caso de la madre investigada por la muerte de su hijo en Cáceres
La familia de Tay Ling W. G., la mujer de nacionalidad cubana investigada por la muerte de su hijo de 29 años Eduardo Carrasco Wong el pasado 26 de enero en un piso de la calle París, en el barrio de Cabezarrubia de Cáceres, ha pedido «respeto, prudencia y una mirada contextualizada» ante el tratamiento del caso. Así lo expresa en una nota de prensa remitida este lunes por el despacho Carlos Saúco Abogados, en nombre de la familia y el entorno cercano de la detenida, que se muestran «plenamente convencidos de su inocencia».
En la nota se subraya la «extrema vulnerabilidad» de la madre, que se encuentra en prisión provisional por presunto homicidio, y las circunstancias personales y sociales que, según su entorno, rodean los hechos, y se recuerda que el joven fallecido era una persona con discapacidad mental grave.
El comunicado responde a las informaciones publicadas tras la detención de la mujer como presunta autora de un homicidio. En él, la familia insiste en la necesidad de aportar «contexto y una mirada humana que permita comprender la complejidad y el profundo sufrimiento que rodea este caso», al tiempo que reclama el respeto a la presunción de inocencia de la investigada.
Según expone la familia a través del abogado Carlos Saúco, la mujer es «una persona con graves problemas de salud física y psíquica, cuyo deterioro ha sido ampliamente documentado a lo largo de los años». La nota pone el foco en la trayectoria vital de la madre, quien, siempre según la versión de su entorno, dedicó casi tres décadas al cuidado exclusivo de su hijo. «Durante 29 años, dedicó prácticamente la totalidad de su vida, energía y recursos al cuidado integral y permanente de su hijo», señala el texto.
Sin apoyos
La familia describe un escenario de cuidados continuados sin apoyos suficientes. El hijo, una persona con discapacidad mental severa, requería, según la nota, atención constante y especializada. Sin embargo, ese cuidado se habría desarrollado «sin descansos, sin apoyos suficientes y, en muchos periodos, en una situación de absoluto aislamiento institucional». En este sentido, advierte de que la situación de la familia no fue una excepción, sino un reflejo de carencias estructurales más amplias.
La familia defiende la inocencia de la mujer y dice que «jamás actuó movida por otra cosa que no fuera el amor y la responsabilidad hacia su hijo»
Uno de los aspectos más delicados que introduce el comunicado es la referencia a episodios de violencia en el ámbito doméstico. La defensa sostiene que la madre fue «víctima reiterada de maltratos físicos y, especialmente, psicológicos por parte de su propio hijo», una realidad que, según el abogado, es conocida en contextos de cuidados de larga duración, pero que rara vez trasciende al debate público. «Se trata de una realidad tristemente conocida en muchos entornos de cuidados, y que rara vez recibe la atención pública y social que merece», afirma.
El texto subraya que esta situación se habría afrontado sin los recursos adecuados ni una red estable de apoyo terapéutico o social. «Todo ello fue afrontado sin acompañamiento terapéutico estable y sin una red efectiva de apoyo social», recoge la nota, que insiste en el desgaste físico y emocional acumulado durante años por la investigada.
Inocencia
Desde el entorno familiar se reivindica la trayectoria personal de la madre y se rechaza de forma tajante la acusación. «Los familiares y amigos de la investigada manifestamos de forma unánime que estamos plenamente convencidos de su inocencia», afirma el comunicado. En la misma línea, el abogado sostiene que quienes la conocen saben que «jamás actuó movida por otra cosa que no fuera el amor y la responsabilidad hacia su hijo».
La nota también tiene un componente de apelación pública. La defensa solicita a los medios de comunicación y a la opinión pública que traten el caso con cautela, evitando interpretaciones simplificadas. «Pedimos que se aborde este caso con respeto, prudencia y responsabilidad, recordando la presunción de inocencia y evitando relatos que puedan contribuir a la estigmatización de la enfermedad mental, de las personas cuidadoras y de las familias que viven situaciones límite», señala.
Más allá del caso concreto, la familia plantea una reflexión de carácter social. A su juicio, este suceso «interpela a la sociedad en su conjunto sobre el abandono estructural de las personas cuidadoras, la insuficiencia de recursos en salud mental y discapacidad, y las consecuencias devastadoras que puede tener la desatención prolongada de situaciones de extrema vulnerabilidad». En este sentido, sitúa los hechos en un marco más amplio de carencias del sistema de atención social y sanitaria.
Dimensión humana
El comunicado concluye con una llamada a no perder de vista la dimensión humana del proceso judicial. «La dignidad humana, el contexto y la compasión no deben perderse nunca, especialmente cuando se juzgan realidades tan complejas y dolorosas», afirma el abogado, quien recalca que la familia brindará a la investigada «todo su apoyo personal, humano y moral» mientras se esclarecen los hechos.
La investigación judicial continúa abierta y será el juzgado competente el que determine, a partir de las diligencias y pruebas practicadas, las responsabilidades que correspondan. Mientras tanto, la defensa insiste en que el tratamiento público del caso tenga en cuenta no solo la gravedad de los hechos investigados, sino también las circunstancias personales y sociales que, según la familia, han marcado la vida de la mujer ahora investigada.
Publicar comentario