La Audiencia de Tarragona declara inocente a un hombre acusado de tráfico de drogas por falta de pruebas concluyentes
La Audiencia Provincial de Tarragona ha decidido absolver a un individuo implicado en un caso de tráfico de drogas, argumentando que no hay evidencias suficientes que respalden la acusación de que vendiera sustancias ilegales. Este fallo se produce a pesar de las observaciones realizadas por la Guàrdia Urbana de Tarragona y la detención del acusado con hachís, cocaína y un total de 383,07 euros en efectivo.
En su resolución, la sentencia indica que los indicios obtenidos durante la investigación no logran demostrar, más allá de toda duda razonable, que el acusado estuviera involucrado en la venta de droga a tres individuos que fueron interceptados en junio de 2022. Además, el tribunal no considera probado que las drogas que poseía en el momento de su detención estuvieran destinadas a la comercialización.
El Ministerio Fiscal había solicitado una pena de tres años y seis meses de prisión, junto a una multa de 300 euros por un presunto delito contra la salud pública, mientras que la defensa, liderada por el abogado David Peña, abogó por la absolución, lo que finalmente ha decidido el tribunal.
Inconsistencias en las vigilancias policiales
Los eventos que llevaron a la detención del acusado se remontan a finales de mayo y junio de 2022, cuando los agentes de la Guàrdia Urbana llevaron a cabo vigilancias en un banco cercano a la calle Riu Llobregat de Tarragona, donde supuestamente se realizaban transacciones de drogas. El 1 de junio de 2022, dos hombres fueron detenidos con piezas de hachís de 7,42 y 7,33 gramos, respectivamente, y un tercer hombre fue interceptado el 13 de junio con 9,64 gramos de la misma sustancia.
Sin embargo, el tribunal resalta que las declaraciones de los agentes no proporcionaron una conexión clara y precisa entre las sustancias y el acusado. Durante el juicio, un cabo que participó en las vigilancias admitió que varios de los informes contenían errores en las fechas y las identidades de los supuestos compradores.
El tribunal también subraya la falta de claridad en los testimonios de los agentes respecto a las circunstancias de las supuestas transacciones. Los tres hombres implicados negaron haber adquirido drogas del acusado, y dos de ellos aseguraron que no aparecían en las fotografías del atestado.
Particularmente, en uno de los casos, los magistrados encuentran relevante que la detención se produjo tras un intervalo de tiempo y desplazamiento en el que no se pudo corroborar un seguimiento continuo. El testigo afirmó que el acusado solo le había entregado dinero para cubrir gastos familiares.
La sentencia señala que no se puede descartar que los individuos interceptados ya poseyeran las sustancias antes de encontrarse con el acusado, que las hubieran adquirido de otra fuente o que hubiera ocurrido una confusión en la identificación.
La cantidad de droga confiscada no implica tráfico
El 17 de junio de 2022, el acusado fue detenido mientras trabajaba. En su mochila, los agentes hallaron un trozo de hachís de 0,74 gramos y dos papelinas con cocaína. Un análisis pericial determinó que la cantidad de cocaína pura era de aproximadamente 0,09 gramos. Además, el hombre llevaba consigo 383,07 euros en efectivo.
Durante el juicio, el acusado negó haber vendido drogas y alegó que había adquirido la cocaína para su propio consumo. Respecto al dinero, indicó que lo llevaba para pagar una sala de juegos y un triciclo para el cumpleaños de su nieto. La Sala considera que la mera posesión de estas sustancias no es suficiente para demostrar que estaban destinadas a la venta, recordando la jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece la necesidad de valorar las cantidades en conjunto con otras circunstancias.
Los magistrados observan que la cantidad de cocaína y hachís confiscada se encuentra dentro de lo que un usuario podría tener para su consumo en un período de cinco a siete días. Asimismo, consideran que los 383,07 euros no son prueba suficiente de la procedencia ilícita del dinero, especialmente dado que el acusado afirma tener ingresos mensuales de aproximadamente 3.000 euros.
Por último, el tribunal concluye que, aunque los agentes describieron conductas que podrían implicar un intercambio de drogas el día de la detención, no lograron identificar ni interceptar al comprador supuestamente involucrado. Un compañero de trabajo del acusado también testificó que solían ir a una cafetería juntos y que no presenció ninguna transacción.
Cuestionamientos sobre la cadena de custodia
La defensa también argumentó que se vulneró el derecho a un juicio justo, dado que no se presentó el acta de la cadena de custodia de algunas de las sustancias confiscadas a los supuestos compradores. Aunque el tribunal acepta que esta documentación no estaba presente en el caso, descarta que esta falta implique que las muestras hayan sido manipuladas o que no sean las mismas que se analizaron posteriormente.
Para llegar a esta conclusión, la Sala se basa en las declaraciones de los agentes, las actas de pesaje, las fotografías de las sustancias y los informes del laboratorio forense de los Mossos d’Esquadra. A su juicio, estos elementos son suficientes para establecer que las sustancias confiscadas son las mismas que se analizaron.
Finalmente, la Audiencia Provincial absuelve al acusado del delito contra la salud pública, ordenando la destrucción de las sustancias confiscadas una vez que la sentencia sea firme y declarando de oficio las costas procesales.
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