La Audiencia de Málaga se prepara para juzgar a un grupo acusado de irregularidades en la Agencia Tributaria
La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga se dispondrá a evaluar el caso de 27 individuos implicados en un escándalo relacionado con una supuesta red de corrupción que involucra a funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Málaga. Las acusaciones giran en torno a irregularidades en la gestión de trámites solicitados por gestorías y empresarios.
Este caso, que comenzó en julio, está en la fase de fijación de la fecha del juicio tras su apertura por el Juzgado de Instrucción número 1. En total, se han encausado a 27 personas, de las cuales ocho son empleados públicos. La Fiscalía ha sido la que ha impulsado el inicio del juicio oral, presentando un auto que sugiere graves delitos, entre ellos cohecho, falsedad, prevaricación y blanqueo.
El auto consultado por Europa Press revela que el grupo presuntamente operaba bajo la dirección de uno de los funcionarios, distribuyendo tareas entre los empleados públicos y los acusados de gestorías y asesorías. Las investigaciones, que se iniciaron a mediados de 2022, sugieren que esta organización habría estado activa durante un período de tres años, ofreciendo a las empresas procedimientos irregulares que incluían la agilización de expedientes y la eliminación de embargos.
La Fiscalía ha solicitado una pena que asciende a 32 años y medio de prisión para el supuesto líder del grupo, acusándolo de múltiples delitos graves. Además, se han propuesto penas que varían entre los 32 años para el principal investigado y cuatro años y medio por blanqueo para una de las procesadas, acumulando un total de alrededor de 380 años de cárcel para todos los implicados.
Las indagaciones también han revelado que el grupo supuestamente emitía certificados tributarios y digitales de manera irregular, sin cumplir con los requisitos necesarios como la presencia física. En algunos casos, se falsificaron documentos que indicaban que los contribuyentes estaban al corriente de sus obligaciones fiscales, cuando en realidad no era así.
El caso fue desencadenado por una denuncia de la AEAT que detectó un certificado de solvencia falso en Madrid, utilizado en un trámite público. A raíz de esta alarma, la Fiscalía de Delitos Económicos de Málaga inició una investigación que condujo a la apertura de este procedimiento judicial. Al parecer, se estima que el grupo llegó a expedir cerca de mil documentos fraudulentos.
La operación policial se organizó en dos fases, resultando en la detención de varios funcionarios de Hacienda, así como de responsables de gestorías y asesores, junto con empresarios y autónomos. Se llevó a cabo la intervención de una considerable cantidad de documentación, que está siendo analizada por expertos de la Policía Nacional y peritos de la AEAT, quienes han colaborado estrechamente desde que se conocieron los hechos.




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