Juzgan en Málaga al expresidente del Club de Deportivo Badajoz por una presunta trama de fraude a través de la venta de hidrocarburos
La Audiencia de Málaga se prepara para iniciar el juicio este lunes, 11 de mayo, contra varios individuos involucrados en una supuesta red de fraude fiscal y blanqueo de capitales relacionada con la venta de hidrocarburos durante el periodo de marzo a octubre de 2020. Según las investigaciones, esta operación habría generado un beneficio ilícito estimado en unos 13,1 millones de euros, todo ello mediante maniobras diseñadas para eludir el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
El juicio se llevará a cabo en la Sección Segunda de Málaga a lo largo de varias sesiones este mes, después de haber sido suspendido en al menos dos ocasiones anteriores. La Fiscalía malagueña ha presentado cargos contra un total de 15 personas y aproximadamente 20 empresas, siendo el principal acusado Joaquín P., quien además fue presidente del Club de Deportivo Badajoz, y se enfrenta al tribunal junto a su hijo.
De acuerdo con el informe inicial de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los acusados, actuando en conjunto y con la intención de enriquecerse a expensas del erario público, estarían involucrados en la venta de carburantes adquiridos en depósitos fiscales y vendidos a diversas estaciones de servicio. La acusación sostiene que estos individuos implementaron tácticas para evitar el pago del IVA del 21%, utilizando facturas falsificadas y creando empresas pantalla que, aunque declaraban el impuesto, no cumplían con sus obligaciones fiscales.
Además, el dinero recaudado de los clientes que pagaban el IVA supuestamente fue desviado de las cuentas de las empresas implicadas, transfiriéndose a otras entidades controladas por los acusados. Esta dinámica les permitía adquirir bienes a través de terceros, eludiendo así las responsabilidades patrimoniales y disfrutando de los beneficios ilícitos obtenidos.
Las empresas implicadas en la trama se encontraban en diversas localidades de Málaga, así como en Sevilla y Madrid. La Guardia Civil presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Málaga, que en diciembre de 2020 formuló la correspondiente querella. Se alega que la actividad delictiva se realizó de manera organizada durante el ejercicio fiscal de 2020, bajo la dirección de uno de los acusados, que operaba un grupo de estaciones de servicio.
Para facilitar esta actividad, Joaquín P., quien también era propietario del Club de Fútbol Badajoz SAD, contaba con la colaboración de otros dos acusados responsables de la gestión de cuentas y de las empresas utilizadas como fachada. La Fiscalía señala que, para operar en el mercado de hidrocarburos, los acusados debían adquirir una empresa registrada en el listado de operadores mayoristas de productos petrolíferos.
No obstante, un mes después de la adquisición, Joaquín P. y su hijo fueron arrestados por su participación en otro caso de fraude de IVA en la venta de hidrocarburos. Para evitar las consecuencias legales, supuestamente utilizaron a un tercero que mantenía contacto con la cartera de clientes. Para eludir el descubrimiento por parte de Hacienda, se creó un complejo entramado que ocultaba la verdadera identidad del obligado tributario, trasladando la responsabilidad del IVA a cuatro sociedades interpuestas.
Estas sociedades supuestamente manejaban la mayor parte de las operaciones de venta de carburantes, aunque en la práctica, los compradores continuaban retirando el combustible directamente de los depósitos, manteniendo la misma operativa previa. La investigación ha revelado que, en julio de 2020, una cantidad de 1,4 millones de euros terminó en las arcas del CD Badajoz, bajo la gestión del hijo de Joaquín P.
Este sistema no solo permitía a los acusados eludir responsabilidades, sino que también les otorgaba una ventaja competitiva, ya que podían ofrecer precios inferiores al mercado al no pagar el IVA, lo que perjudicaba a los competidores que cumplían con sus obligaciones fiscales. Se les imputa delitos contra la hacienda pública, falsificación de documentos y blanqueo de capitales. Para Joaquín P., se solicita una pena de 15 años y medio de prisión y una multa de 45 millones de euros, además de que otros nueve acusados deben indemnizar a la Agencia Tributaria con más de 13 millones de euros.
Cabe destacar que Joaquín P. ya había sido condenado anteriormente por la Audiencia Nacional en otra trama de hidrocarburos, recibiendo más de siete años de prisión por delitos de fraude fiscal durante los ejercicios 2018 y 2019, así como por blanqueo de capitales.
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