Se inicia juicio en Murcia contra acusado de retener, coaccionar y agredir a su pareja
En Murcia, este miércoles dará inicio el juicio contra J.C.S., un individuo de 34 años de edad, quien enfrenta cargos por un delito continuo de coacciones, otro de lesiones graves y un tercero de detención ilegal en contra de su expareja hasta el año 2022. La Audiencia Provincial de Murcia será el escenario de este proceso judicial, que se desarrollará durante dos días.
El acusado, cuya situación administrativa en España se desconoce, ya ha sido condenado previamente por un delito de amenazas relacionado con la violencia de género. Debido a esta sentencia firme, se le impuso la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tres años. Actualmente, se encuentra en prisión provisional desde el 10 de febrero de 2022, tras su detención el 8 de febrero de ese mismo año.
Durante al menos un año, el acusado mantuvo una relación sentimental con la víctima, estableciendo una convivencia que inició en 2021 y finalizó aproximadamente en febrero de 2022. Durante este tiempo, el procesado ejercía un control excesivo sobre su pareja, vigilando sus movimientos, salidas y compañías. Incluso llegó a quitarle el teléfono móvil en varias ocasiones para evitar que se comunicara con otras personas.
El incidente más grave ocurrió en febrero de 2022, cuando el acusado golpeó brutalmente a la víctima con un bofetón y múltiples puñetazos, causándole lesiones severas en el torso y el páncreas, entre otros. Después del ataque, el agresor retuvo a la víctima en contra de su voluntad en su domicilio, impidiéndole pedir ayuda o asistencia médica.
Gracias a la intervención de un amigo de la víctima, quien recibió una llamada de auxilio, la Guardia Civil fue alertada y trasladó a la mujer al hospital más cercano. Como consecuencia de la agresión, la víctima ha sufrido heridas internas de gravedad, incluyendo traumatismos, fracturas costales y la extirpación del bazo y del páncreas, entre otras lesiones. Además, se ha determinado que las secuelas serán permanentes y requerirán gastos médicos futuros.
El proceso judicial ha llevado a la imposición de diversas medidas cautelares al acusado, como la prohibición de aproximarse a la víctima y comunicarse con ella. La Fiscalía ha presentado acusaciones por tres delitos y solicita una pena de 19 años de prisión para el agresor, además del pago de una indemnización de 183.044 € a la víctima por las lesiones sufridas y los daños morales ocasionados.
Debido a la falta de arraigo del acusado en el país, se ha solicitado la expulsión del mismo del territorio nacional, una vez haya cumplido las tres cuartas partes de su condena o haya obtenido el tercer grado o la libertad condicional.
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