Investigación de la Guardia Civil a 40 personas por construcciones ilegales en suelo rústico
La Guardia Civil de Valladolid ha lanzado una operación denominada ‘Mobile Home’ para investigar y desmantelar construcciones ilegales en suelo rústico. Se ha imputado a un total de 40 personas en las localidades de Laguna de Duero, Cigales y Melgar de Abajo, por llevar a cabo obras de construcción o edificación no autorizables en áreas clasificadas como «rústico común».
Estos delitos contra la Ordenación del Territorio y Urbanismo, recogidos en el artículo 319 del Código Penal, pueden acarrear penas de prisión de uno a tres años, multas de 12 a 24 meses y, bajo ciertas circunstancias, la demolición de las obras y su reposición al estado original. Así lo establece el informe de Ical.
El objetivo de la operación ‘Mobile Home’, que comenzó en junio de 2023 en todo el territorio nacional, es descubrir todo tipo de instalaciones en suelos destinados a ser utilizados como residencias, ya sea de forma temporal o permanente. Para ello, se requieren las correspondientes autorizaciones, que generalmente se otorgan para usos agrícolas o ganaderos.
Bajo la supervisión del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), se llevaron a cabo investigaciones para detectar viviendas «camufladas» en suelos rústicos, lo que finalmente resultó en la imputación de 40 personas por la instalación de diversas infraestructuras que podrían considerarse como residencias permanentes.
El ‘modus operandi’ utilizado consiste en colocar viviendas móviles, prefabricadas o contenedores en parcelas agrícolas con el propósito de habitarlas de manera permanente, a pesar de infringir la normativa urbanística. Estas instalaciones requieren las mismas autorizaciones que cualquier otra construcción residencial, según informa Ical.
Los suelos donde se llevaron a cabo estas infracciones, de acuerdo con los informes técnicos de los respectivos ayuntamientos, deberían ser utilizados principalmente con fines agrícolas y no residenciales. Además, las parcelas investigadas no cumplían con los requisitos mínimos necesarios para la construcción de casetas de apero, cuyo uso debería ser exclusivamente para fines agrícolas y no residenciales.
La mayoría de las construcciones analizadas no se limitaban únicamente a ser casetas de apero, ya que junto a ellas se encontraban elementos lúdicos como barbacoas, piscinas o merenderos. Además, se observó que el precio de venta de estas propiedades se incrementaba desproporcionadamente en comparación con el valor de una parcela rústica destinada a la agricultura.
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