Investigados un funcionario y una familia de Iznalloz por manipular filiación de hijos para obtener ayudas
Agentes de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita de Andalucía llevan a cabo una investigación penal contra un funcionario del registro civil de Iznalloz y los miembros de una familia que presuntamente se dedicaban a alterar la filiación de sus hijos recién nacidos con el fin de obtener subvenciones y ayudas públicas.
La pesquisa, que concluyó el 4 de marzo, se inició a raíz de una solicitud de la Fiscalía de Menores para determinar el paradero y las condiciones de vida de dos menores cuya identidad y situación eran dudosas, según ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado emitido este viernes.
Los hechos que suscitaron el interés de los investigadores ocurrieron en diciembre pasado, cuando una mujer de 28 años, domiciliada en Utrera (Sevilla), dio a luz en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla a su primer hijo, pero los registros médicos indicaban que había tenido otros dos partos en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada en 2016 y 2017.
Las averiguaciones llevadas a cabo por los agentes revelaron que «los bebés nacidos en 2016 y 2017 no eran hijos suyos», sino de su hermana menor, quien tenía 14 y 15 años en el momento de los nacimientos y se encontraba huida de un centro de protección de menores.
Ante estas circunstancias de vulnerabilidad y riesgo, la hermana mayor suplantó la identidad de la menor para evitar ser descubierta por las autoridades y que le quitaran a los pequeños.
Pero la engañifa no se detuvo ahí, los investigadores descubrieron que los dos niños habían sido inscritos en el registro civil de Iznalloz como hijos de la abuela materna.
Por lo tanto, la abuela, con la colaboración de su pareja actual, manipuló y alteró los certificados de nacimiento para hacerse pasar como la madre de los niños, contando con la negligencia del funcionario del registro civil, quien no verificó adecuadamente los documentos presentados.
Interrogada al respecto, la abuela de los menores admitió los hechos y explicó que lo hizo para evitar que los servicios de protección de menores de la Junta de Andalucía les quitaran a los pequeños. Sin embargo, no mencionó en ningún momento que aprovechó su suplantación para cobrar ayudas sociales y subvenciones económicas desde el nacimiento de los niños, algo que también fue acreditado por los agentes.
Por todo ello, los agentes elaboraron un informe policial que se remitió a la autoridad judicial, donde se describió la situación actual de la familia y se imputaron los delitos de suposición de parto, falsificación de documentos y fraude a la seguridad social a la abuela materna, su pareja actual y sus dos hijas. También se investiga al encargado del registro civil por presunta falsificación documental.
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