Una entidad bancaria condenada a devolver 3.000 euros a tres vecinos de Aranda de Duero por una cláusula abusiva
En una sentencia firme emitida recientemente, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº1 de la capital ribereña ha ordenado a Ibercaja la devolución de más de 3.000 euros a tres vecinos de Aranda de Duero. Estas cantidades corresponden a los gastos hipotecarios pagados de más cuando adquirieron sus viviendas de protección oficial en 2008. La cláusula de gastos hipotecarios fue declarada abusiva.
La relevancia de esta sentencia a nivel nacional radica en que se basa en el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a favor de que el derecho a reclamar una cláusula abusiva no prescriba. Esto significa que el plazo para reclamar los gastos hipotecarios comienza cuando el consumidor toma conocimiento de la naturaleza abusiva de la cláusula y no antes.
Además, la sentencia establece que el plazo de prescripción solo se aplica si el consumidor pudo conocer sus derechos antes de que dicho plazo comenzara o expirara, y si tuvo suficiente tiempo para presentar una reclamación judicial. De esta manera, el TJUE garantiza los derechos del consumidor frente a cláusulas abusivas establecidas por entidades bancarias.
Los afectados de Aranda de Duero iniciaron el proceso legal en 2021, presentando hasta tres reclamaciones extrajudiciales a Ibercaja por el cobro indebido de una cláusula suelo abusiva. Ante la negativa del banco, los afectados acudieron a los tribunales. Ibercaja alegó la prescripción de los hechos, pero la sentencia rechazó este argumento al considerar probado que las cantidades de dinero fueron abonadas por desconocimiento del comprador.
Esta no es la primera vez que el juzgado de Aranda falla a favor del consumidor frente a una entidad bancaria, siguiendo el criterio establecido por el Tribunal Europeo. En enero pasado, un juez condenó a otra entidad de la capital ribereña a devolver 1.500 euros a un vecino por el cobro de una comisión de apertura considerada abusiva debido a su falta de transparencia.
Sergio Moreno, abogado de los vecinos afectados, considera esta sentencia como novedosa y relevante. Opina que puede ayudar a otras personas en situaciones similares que no reclamaron o no llevaron el caso a juicio por miedo a la falta de condena. Hasta ahora, los compradores se sentían desprotegidos ante los bancos y renunciaban impotentes a emprender acciones legales para recuperar cantidades que oscilaban entre los 600 y los 1.200 euros. Esta sentencia sienta un precedente al abrir la puerta a que los consumidores puedan recuperar dinero abonado de más debido a cláusulas consideradas abusivas.
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