Un hondureño condenado a 12 años de cárcel por violar a una mujer en Palma tras suministrarle drogas
Un hondureño de 39 años ha sido sentenciado a 12 años de cárcel por la violación de una mujer en Palma. Los hechos ocurrieron en febrero de 2023 cuando el acusado conoció a la víctima en un local de ocio nocturno de la ciudad. Utilizando sustancias químicas de efecto somnífero e hipnótico, el agresor anuló la voluntad de la mujer al agregarlas a su bebida.
La Audiencia Provincial de Baleares dictaminó que el agresor entabló conversación con la víctima en un pub de la capital, invitándola a seguir consumiendo alcohol. Aprovechando ese momento, el autor suministró dos fármacos con el objetivo de anular la voluntad de la mujer y lograr mantener relaciones sexuales con ella.
Después de que los efectos de las sustancias químicas hicieron efecto, el agresor insistió en acompañar a la víctima a su casa, donde finalmente la violó. Al día siguiente, la mujer logró que el hombre se marchara de su domicilio.
En el juicio, el agresor mantuvo su inocencia en todo momento, asegurando que las relaciones fueron consensuadas y negando haber drogado a la mujer. Sin embargo, un análisis de orina demostró la presencia de las sustancias químicas en el organismo de la víctima.
La víctima afirmó que su último recuerdo claro de aquella noche fue cuando estaba bebiendo alcohol con el agresor dentro del local. Además, manifestó que no tenía fuerzas para controlar su cuerpo y subrayó que lo que le sucedió aquel día no era comparable a estar ebria.
Testigos presenciales declararon en el juicio que la mujer no mostró interés hacia el agresor al salir del pub y confirmaron el estado en el que se encontraba. El tribunal resaltó que el análisis de orina era una prueba objetiva de la drogación y anulación de la voluntad de la víctima.
Además de la pena de cárcel, el agresor deberá cumplir ocho años de libertad vigilada, estará inhabilitado para trabajar con menores durante 20 años y tendrá una orden de alejamiento a favor de la víctima. Asimismo, deberá indemnizar con 25.000 euros a la denunciante.
Los magistrados no se pronuncian sobre la expulsión del condenado, de nacionalidad hondureña, hasta que la sentencia sea firme. Existe la posibilidad de apelar ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJB).
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