Guardia Civil denuncia a tres personas por búsqueda ilegal de objetos arqueológicos en La Rioja

Descubiertos tres hombres en Navajún utilizando detectores de metales para buscar restos arqueológicos sin autorización

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en La Rioja han denunciado a tres personas que llevaban a cabo la búsqueda de objetos y bienes arqueológicos utilizando detectores de metales sin la correspondiente autorización. Los involucrados, tres varones españoles de entre 22 y 27 años, residentes en La Rioja y Zaragoza, podrían enfrentarse a multas de hasta 30.000 euros.

A principios de enero, los agentes del Seprona descubrieron varias intervenciones o prospecciones ilegales en Cervera de Río Alhama, Aguilar de Río Alhama, Navajún y Valdemadera, todas ellas relacionadas con la extracción de restos arqueológicos.

En la tarde/noche del 26 de marzo, los dispositivos de vigilancia detectaron la presencia de un vehículo todoterreno en la ermita Santa María de Atisca de Navajún. Al percatarse de la aparición de la patrulla, el conductor y los ocupantes intentaron huir pero fueron interceptados en una calle de la localidad.

Los agentes inspeccionaron las pertenencias de los tres individuos y encontraron cinco botones de latón o bronce, una moneda celtibérica o romana, una campanilla y otras cuatro piezas metálicas de diferentes características. Además, localizaron tres detectores de metales, linternas y utensilios para remover el terreno en las plazas traseras del vehículo.

Preguntados por la autorización para realizar las prospecciones arqueológicas, los individuos admitieron no poseerla. Por lo tanto, los detectores y las piezas encontradas fueron confiscadas por posibles intereses culturales o arqueológicos, y se propuso sancionar a los infractores por diversas violaciones graves de la Ley de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.

Es importante recalcar que el uso de detectores de metales para buscar o recuperar materiales arqueológicos sin autorización está prohibido y constituye una infracción grave, que puede resultar en multas de 6.001 a 30.000 euros y el decomiso de los utensilios utilizados. Si se demuestran daños a los yacimientos arqueológicos o expoliación, se considera un delito contra el Patrimonio Histórico, que puede ser castigado con prisión o multa, según los artículos 323 y 324 del Código Penal.