El ex presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Joan Gual de Torrella, podría enfrentar una pena de nueve años de cárcel, según la Fiscalía Anticorrupción. Esto se debe a su implicación en el caso Puertos, en el que se le acusa de prevaricación, fraude a la Administración y cohecho por adjudicaciones en Mahón e Ibiza. Esta investigación de corrupción también salpica a Francina Armengol, ex presidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso.
Además de Gual de Torrella, otras personas involucradas en el caso también enfrentan posibles penas de cárcel. Estas incluyen al ex alcalde de Ibiza, Rafael Ruiz, y diversos miembros de la Autoridad Portuaria. Según la Fiscalía, entre los años 2015 y 2020, todos ellos se habrían coordinado con particulares para la adjudicación de puertos deportivos en Ibiza y Mahón.
El caso Puertos se centra particularmente en las irregularidades relacionadas con la concesión del Club Náutico de Ibiza. La investigación de la Guardia Civil muestra comunicaciones entre Gual de Torrella y Armengol que implican su participación en el amaño del concurso público. Se han intervenido mensajes de WhatsApp que demuestran esta colaboración. En uno de ellos, Gual de Torrella informa a Armengol de la estrategia a seguir y ella responde agradecida.
En mayo de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares anuló la concesión del Club Náutico de Ibiza debido a irregularidades en la adjudicación. Este club es sumamente codiciado debido a la gran cantidad de atraques para yates de lujo. La empresa Club Deportivo Básico Doce Millas, que buscaba obtener la concesión, inició una batalla judicial que ha llevado al caso Puertos.
Según el escrito del fiscal, los implicados en el caso Puertos actuaron en beneficio de particulares y violaron los principios de legalidad, transparencia, objetividad y concurrencia en las decisiones públicas. Además, causaron perjuicio a los intereses económicos de la Autoridad Portuaria.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha dado luz verde para juzgar a Gual de Torrella y al resto de acusados por el presunto amaño de dos adjudicaciones públicas. Esta decisión marca el fin de cuatro años de investigaciones en el caso Puertos.
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