La lucha de una familia por la justicia tras un brutal ataque
A Francisco le resulta difícil ocultar su dolor y frustración. Con el reloj en contra y a pocas horas de que un jurado popular se pronuncie sobre el caso de su hija, quien se vio forzada a arrojarse desde el balcón de su hogar en Torremolinos para escapar del ataque de su expareja armado con un hacha, el padre no puede contener su voz: «Lo que ese chico le hizo a Lucía la ha cambiado para siempre. Le ha truncado la vida». La familia exige que el acusado, cuya defensa y la Fiscalía piden una eximente total al alegar que estaba en un estado de brote psicótico, asuma la responsabilidad por sus actos.
El testimonio de Francisco pinta un cuadro desgarrador de su hija, que tras el violento suceso sigue atrapada en un «pozo». Después de comparecer en el juicio, el padre revela que Lucía ha estado enferma durante varios días: «Es incapaz de comer y sufre constantes crisis de ansiedad». Aunque al principio intentó retomar su vida en Madrid, rápidamente se sumió en una profunda depresión, incapaz de continuar con sus estudios.
El principal punto de contención para la familia es la defensa de la eximente por anomalía psíquica que sostiene la Fiscalía, respaldada por un informe del Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga. Francisco se opone a esta versión: «Yo conozco a Pablo, él sabía perfectamente lo que estaba haciendo». A la familia de Lucía le inquieta que un posible internamiento en un centro psiquiátrico sea visto como una «puerta de atrás» para el procesado. Temen que, si el acusado muestra mejoría, pueda salir antes de lo que debería.
El padre también menciona el entorno del acusado, sugiriendo que su evaluación por especialistas, que anteriormente trabajaron con un familiar del presunto agresor, podría haber influido en el diagnóstico. «No creo que las cosas se miren de la misma manera», lamenta, temiendo que esto le proporcione un trato preferencial y que, en lugar de cumplir una condena en prisión, pueda ser liberado prematuramente.
Para entender la gravedad del caso, Francisco rememora que la relación entre Lucía y su expareja comenzó cuando ella apenas tenía 15 años y él 19. A lo largo de ese tiempo, la familia nunca notó indicios de que el joven padeciera algún trastorno mental, aunque sí observaron cómo el agresor fue alejando a Lucía de su círculo familiar. «Se fue aislando mucho; la relación se complicaba cada vez más», relata su padre.
El punto crítico se produjo en diciembre de 2022. Tras finalizar su relación, Lucía se percató de que su expareja había destrozado su coche y decidió denunciarlo. Él asumió la responsabilidad, y la justicia le impuso una orden de alejamiento. Durante los tres meses posteriores, el padre asegura que no hubo contacto entre ellos y que la joven recuperó su tranquilidad: «La veíamos muy bien».
Sin embargo, el 28 de marzo de 2023, todo cambió cuando el acusado violó la orden de alejamiento, irrumpió en la vivienda y atacó a Lucía por la espalda, de manera inesperada y sin previo aviso. Francisco recuerda el momento en que encontró a su hija: «En un estado de shock absoluto: ‘Hay alguien en la casa, papá. Alguien me ha atacado’», fueron sus palabras.
Ahora, el jurado popular tiene la responsabilidad de deliberar y decidir sobre un aspecto crucial del juicio: el estado mental del acusado en el instante de la agresión. Mientras que la acusación particular —que representa a la víctima y su familia— sostiene que el procesado era consciente de sus acciones y solicita una condena de 19 años en prisión, la defensa y la Fiscalía coinciden en que el joven tenía sus capacidades mentales afectadas y, por ende, debería ser considerado inimputable. El Ministerio Público propone, en cambio, su ingreso en un centro médico.
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