Exconcejal de Vox en Parla comparece ante el juez por posible origen ilícito de dinero en cuentas bancarias relacionado con venta de droga

Exconcejala de Vox comparece ante el juez por presunto blanqueo de dinero relacionado con narcotráfico

En Parla, Ana González, antigua concejala de Vox, ha acudido al juzgado para ofrecer explicaciones sobre los fondos que han ingresado en sus cuentas bancarias. Las autoridades sospechan que este dinero podría tener un origen ilícito debido a la supuesta venta de drogas.

González fue arrestada en mayo como parte de la operación «Piojo», vinculada a una red de narcotráfico. Se le acusa de llevar a cabo labores de vigilancia y de gestionar las sociedades mercantiles de la organización, a través de las cuales se blanqueaban los beneficios obtenidos de la actividad ilegal.

Las pesquisas revelaron que la organización distribuía cocaína a otros traficantes. Durante el operativo, en la residencia de una pareja en Yeles (Toledo), se encontraron cocaína, armas de fuego, dinero en efectivo y conexiones ilegales al fluido eléctrico. Cuatro personas, incluida la exconcejala, fueron detenidas y acusadas de delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico.

La pareja implicada en el tráfico de sustancias estupefacientes en Yeles también operaba en Parla, donde utilizaban varias sociedades para camuflar su actividad ilícita. Por este motivo, se les imputan delitos de tráfico y venta de drogas, tenencia ilícita de armas, defraudación de fluido eléctrico, blanqueo y fraude fiscal.

Goteo de dinero

Ana González, quien quedó en libertad bajo fianza tras pagar 12.000 euros, enfrenta acusaciones de blanqueo de dinero debido a los ingresos en una de sus cuentas bancarias, que oscilan entre 2.000 y 4.000 euros. El juzgado le ha solicitado documentación que demuestre que estos fondos provienen de préstamos personales, ya que ella niega cualquier actividad ilícita relacionada con ellos.

Asimismo, la exconcejala ha sido interrogada sobre transferencias entre empresas de las cuales ella es administradora. En su defensa, González alega que estas operaciones son legales, puesto que se trata de pagos por servicios prestados entre las propias compañías, una práctica común en grupos empresariales.