Condenado a casi 17 años de cárcel exconcejal de Ponferrada por intento de homicidio a su esposa
La Audiencia Provincial de León ha dictado sentencia condenando al exconcejal de Ponferrada, Pedro Muñoz, a una pena de casi 17 años de prisión por intentar matar a su esposa, Raquel Díaz. El fallo ratifica en gran medida las exigencias del Ministerio Fiscal, condenándolo por maltrato habitual y lesiones agravadas. Sin embargo, el tribunal ha absuelto a Muñoz de los delitos más graves que le imputaban las acusaciones particulares de asesinato y homicidio en grado de tentativa.
Como parte de la sentencia, Muñoz deberá pagar una indemnización económica de más de un millón y medio de euros a la víctima, quien quedó parapléjica y en silla de ruedas como resultado de las agresiones. También deberá abonar más de 145.000 euros por los gastos médicos que Díaz incurrió debido a las graves lesiones sufridas.
Además de la pena de prisión, Muñoz deberá cumplir otras medidas, como la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de su esposa y la inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio durante la condena. Asimismo, se le privará del derecho a tener armas durante cuatro años.
La sentencia detalla los hechos ocurridos el 27 de mayo de 2020, cuando, después de una discusión, Muñoz arrojó a Díaz desde el balcón de su vivienda, dejándola gravemente herida. Posteriormente, se acercó a ella y la agredió con patadas, golpes y un palo. A pesar de los intentos de Muñoz de poner fin a la vida de su esposa, se absuelve de los delitos más graves debido a la excusa absolutoria de desestimiento voluntario.
Hasta que la sentencia sea firme, Muñoz seguirá sometido a medidas de prohibición de aproximación y comunicación con la víctima, así como a un dispositivo de control telemático. La Fiscal argumentó que, aunque considera probado que intentó matar a su esposa, el Código Penal no permite condenarlo por ello debido a su posterior arrepentimiento.
En cuanto a la responsabilidad civil, Muñoz deberá pagar una indemnización de más de 1,5 millones de euros a Díaz, así como cantidades adicionales a la Junta de Castilla y León y al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la asistencia médica brindada a la víctima.
La sentencia no es firme y puede ser apelada.
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