Exalcalde de Puertollano y secretario municipal serán juzgados por prevaricación en el caso Cerrú

Exalcalde de Puertollano y secretario municipal serán juzgados por prevaricación en el caso Cerrú

Puertollano: La Fiscalía desmonta la tesis de trama delictiva en el caso Cerrú y acusa a Hermoso y Vázquez

La Fiscalía Provincial de Ciudad Real ha solicitado la apertura de juicio oral contra el exalcalde de Puertollano, Joaquín Carlos Hermoso Murillo, y el secretario accidental del consistorio, Juan Luis Vázquez Calvo, por presunta prevaricación en el caso Cerrú. Se les pide una pena de nueve años de inhabilitación especial. La Fiscalía ha desestimado las acusaciones contra otros 15 investigados por considerar que no hay suficientes pruebas.

El escrito de acusación de la fiscalía se centra en el contrato de permuta realizado en 2007 entre el Ayuntamiento de Puertollano y la empresa Promociones Inmobiliarias del Pisuerga (PROINSA), relacionado con la construcción del estadio de fútbol del Cerrú. Según la fiscalía, Hermoso Murillo y Vázquez Calvo llevaron a cabo esta operación vulnerando los principios de publicidad y concurrencia establecidos por la ley de contratos. El contrato especificaba que PROINSA construiría el campo de fútbol a cambio de que el Ayuntamiento entregara parcelas municipales en la barrida del Abulagar.

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La fiscalía resalta que el contrato fue firmado conscientemente en contra de la normativa vigente y subraya que el secretario municipal lo suscribió antes de que fuese sometido a votación en los órganos de representación municipales. El contrato fue aprobado finalmente con los votos a favor de los concejales del PSOE y las abstenciones de los concejales del PP e IU.

La fiscalía destaca que la obra del campo de fútbol fue paralizada por la empresa TECONSA, lo que llevó a la resolución del contrato en 2007. Posteriormente, el Ayuntamiento convocó un concurso para completar la obra.

En cuanto a los otros 15 investigados, la fiscalía solicita el sobreseimiento provisional de sus causas al considerar que no existen pruebas suficientes para mantener la acusación. Destaca la no intervención en los procedimientos administrativos investigados y la falta de indicios de delito en su participación.

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