Revelaciones de Funcionarios Implican al Alcalde de Frigiliana en un Caso de Corrupción
El origen de la investigación judicial que ha conmocionado al Ayuntamiento de Frigiliana se encuentra en las denuncias formuladas por dos funcionarios públicos: un policía local y un secretario-interventor. Estas denuncias han sido el motor que ha impulsado la apertura de un proceso legal contra el alcalde socialista, Alejandro Herrero, y cinco de sus seis concejales del PSOE, por presuntas irregularidades en la gestión pública. Los documentos, enviados a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (AAF) y a la Guardia Civil entre mayo de 2024 y abril de 2025, detallan irregularidades en contratos y facturas, así como la anulación de reparos técnicos que ahora son objeto de un escrutinio judicial por parte de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrox.
El escándalo tomó forma pública el pasado martes con un registro que se extendió por más de trece horas en las instalaciones del Ayuntamiento y otros lugares relacionados con la investigación. Con el levantamiento del secreto de sumario, el juzgado de Torrox ha convocado a declarar al alcalde, a cinco concejales y a al menos dos funcionarios, debido a la supuesta comisión de delitos que abarcan desde prevaricación administrativa hasta malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y pertenencia a una organización criminal.
Uno de los documentos de denuncia, al que ha tenido acceso SUR, menciona un posible fraccionamiento de contratos a lo largo de varios ejercicios, utilizando facturas de menor importe para servicios de portes y suministro de contenedores en obras municipales. Según la denuncia, este esquema habría permitido evitar los procesos de licitación pública, favoreciendo a una persona cercana al alcalde, a pesar de los reparos planteados desde la secretaría-intervención.
Los funcionarios denuncian contratos menores, facturas reiteradas y reparos técnicos levantados después por el pleno.
El documento de denuncia revela un total de pagos entre 2020 y 2023 que asciende a 286.627,81 euros, desglosándose en cantidades de 64.086,44 euros en 2020; 76.573,54 euros en 2021; 74.663,78 euros en 2022; y 71.304,05 euros en 2023. Esto sugiere que las contrataciones deberían haber sido sometidas a los procedimientos habituales establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, siendo esta práctica incompatible con los principios de transparencia, igualdad y competencia.
Una segunda denuncia amplía la información con nuevos episodios de contrataciones directas, facturas mensuales y supuestos incumplimientos del artículo 118 de la misma ley. Se señala que el alcalde habría otorgado adjudicaciones sin seguir los procedimientos adecuados, ignorando reparos formales de la intervención municipal. Esta ampliación menciona contrataciones desde marzo de 2019 con una persona que luego se integró en la corporación municipal, siendo estas realizadas a través de doce facturas mensuales sin respetar las normas de publicidad y transparencia.
Además, se detalla la existencia de pagos que superan los límites establecidos para contratos menores, con montos de 79.057,31 euros en 2017, 43.475,30 euros en 2018 y 40.692,30 euros en 2019. Estos casos debieron haber sido tratados como contratos de obra o por medios distintos a la simple presentación de facturas. La ampliación también menciona adjudicaciones verbales sin licitación pública entre 2020 y 2023, totalizando 296.362,95 euros, lo que agrava las irregularidades previamente denunciadas.
El juzgado de Torrox ha citado como investigados al alcalde socialista, cinco ediles del gobierno local y a al menos dos funcionarios municipales.
Otro documento señala el levantamiento de un reparo suspensivo emitido por la Secretaría-Intervención en un expediente discutido en un pleno de abril de 2025. Este reparo advertía de una infracción grave de la legalidad, y a pesar de ello, el alcalde lo levantó, permitiendo que los cinco concejales del PSOE votaran a favor de continuar el trámite. En el debate, el vicesecretario explicó la diferencia entre reparos suspensivos y no suspensivos, destacando la gravedad de los primeros que, de continuarse, implicarían un incumplimiento legal.
Durante el registro del pasado martes, la Guardia Civil centró sus esfuerzos en contratos y facturas vinculados a diversas áreas del Ayuntamiento. La documentación incautada afecta a cerca de una veintena de empresas que han trabajado con el Consistorio en los últimos años. También se requisaron teléfonos móviles del alcalde y varios concejales para asegurar el progreso de la investigación.
El alcalde, Alejandro Herrero, permaneció en el Ayuntamiento durante la inspección y, al finalizar, comentó brevemente que habían estado «todo el día haciendo fotocopias» y que, «en principio, todo bien». Sin embargo, tras el levantamiento del secreto de sumario, se ha confirmado que tanto él como cinco concejales deberán comparecer ante el juzgado de Torrox como investigados en los próximos días.
El PSOE de Málaga ha pedido «prudencia» y «respeto» a la investigación judicial, además de ofrecer su «plena colaboración».
El PSOE de Málaga ha solicitado «prudencia» y «respeto» en el marco de esta investigación, ofreciendo su «plena colaboración» para esclarecer los hechos. En el ámbito político, el PP de Málaga ha exigido la dimisión inmediata del alcalde y los concejales involucrados, mientras que Vox también ha instado a que estos cargos se aparten temporalmente mientras se aclaran las circunstancias. Este caso representa un golpe significativo al gobierno socialista de Frigiliana, donde Herrero asumió la alcaldía tras una moción de censura en febrero de 2017 y ha mantenido una mayoría absoluta desde 2019. La investigación sigue su curso, con el análisis de la documentación intervenida y las declaraciones de los investigados en el centro de la atención judicial.
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