Piden amparo al Defensor del Pueblo Andaluz para evitar la contaminación del Guadalquivir por vertidos de Aznalcóllar y CLC
Diversas entidades políticas y sociales han solicitado el amparo del Defensor del Pueblo Andaluz con el objetivo de evitar el vertido de aguas contaminadas al río Guadalquivir, lo cual sería ocasionado por la reapertura de la mina de Aznalcóllar. Además, se solicita la aplicación del principio de precaución para frenar la tramitación del proyecto. Estas entidades argumentan que no existe consenso científico sobre los datos incluidos en la autorización ambiental y que no se han tenido en cuenta la hidrodinámica del río ni el efecto acumulativo de la otra explotación minera de la provincia, Cobre Las Cruces.
Representantes de distintos colectivos, encabezados por Susana Hornillo de Podemos Sevilla, se reunieron con Jesús Maeztu, el Defensor del Pueblo Andaluz, para transmitir su petición de amparo y entregarle documentación relacionada con el proyecto. La intención es que Maeztu intervenga ante la Junta de Andalucía y se detenga el vertido de aguas contaminadas. Este rechazo al proyecto, apoyado por más de 80 organizaciones, se basa en la falta de rigor científico de los informes de impacto ambiental, algo expuesto tanto por profesores universitarios como por el catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, Jesús Castillo.
De acuerdo con las mediciones realizadas por Castillo, los metales pesados permanecerían en el fondo del cauce del Guadalquivir durante años debido a las dinámicas hídricas del estuario, lo que podría afectar a los cultivos de arroz, la cría de alevines y las ganaderías cercanas al estuario. Los colectivos solicitan una moratoria en la apertura de la mina y la realización de nuevos informes ambientales basados en rigurosidad científica. Además, planean una concentración el próximo 5 de junio para protestar contra la primacía de los intereses económicos sobre la salud y el medio ambiente.
En resumen, diversas entidades sociales y políticas han pedido amparo al Defensor del Pueblo Andaluz para evitar el vertido de aguas contaminadas al Guadalquivir ocasionado por la reapertura de la mina de Aznalcóllar. Se argumenta la falta de consenso científico en los datos de la autorización ambiental y la omisión de la hidrodinámica del río y el efecto acumulativo de la explotación minera de Cobre Las Cruces. El Defensor del Pueblo Andaluz se reunión con los representantes de los colectivos para recibir su documentación y considerar su intervención ante la Junta de Andalucía. Además, se planea una concentración para denunciar la priorización de los intereses económicos por encima de la salud y el medio ambiente.
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